En México, actualmente 63 mujeres enfrentan condenas en prisión por interrumpir su embarazo, bajo leyes en estados como Guanajuato, Morelos y Querétaro que las equiparan con criminales como narcotraficantes o defraudadores fiscales. Datos de transparencia en ocho estados, obtenidos por El Sol de México, revelan que 71 personas están en prisión preventiva por aborto, de las cuales ocho son hombres involucrados en investigaciones relacionadas, ya sea por apoyar, practicar o forzar un aborto.
El caso de Sonora destaca, con 17 mujeres en prisión; le siguen Guanajuato con 15 y Tabasco con 11. Entre 2012 y 2025, se registraron 2,169 denuncias por aborto en el país: 680 contra mujeres, 127 a hombres y 367 a terceros, aunque 1,041 casos no tienen datos específicos.
En Nuevo León, que lidera en denuncias con 742 casos, 32.5% corresponden a mujeres; en Baja California y Tamaulipas se suman 469 y 299 denuncias, respectivamente. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta 5,347 carpetas abiertas por aborto, sin distinguir si son mujeres u hombres.
Desde 2012 hasta 2022, se emitieron 142 sentencias judiciales por aborto: 71 a hombres, 32 a mujeres y 42 sin datos específicos, con 99 condenas y 15 absoluciones.
La diputada Laura Ballesteros señaló que, pese a la despenalización en más de 20 estados, el Congreso de la Unión no ha modificado el Código Penal Federal, a pesar de una orden de la Suprema Corte desde 2021. La sentencia de la SCJN obliga a instituciones federales como IMSS, ISSSTE y Pemex a ofrecer interrupciones del embarazo sin restricciones, pero en el nivel estatal la situación es diversa, con 20 entidades aún penalizando el aborto voluntario en diferentes condiciones.
Ballesteros advirtió que el acceso a la justicia se ha vuelto más complicado y costoso para las mujeres, y que la resistencia legislativa a legalizar el aborto a nivel federal responde a argumentos profundamente sexistas. Ella insiste en que la despenalización federal es crucial.
Mientras tanto, en 12 estados, los códigos penales aún criminalizan el aborto, aunque con causales que varían, como violación o riesgo para la vida. Estas leyes, que en muchos casos son inconstitucionales, permanecen en estados como Guanajuato, Morelos y Querétaro, evidenciando una resistencia legislativa a los cambios necesarios.
