Los municipios del Estado de México enfrentan el reto de convertir las fórmulas legales en acciones concretas para prevenir la discriminación y fortalecer el reconocimiento de las comunidades indígenas, advirtió Rocío Sánchez, visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). Durante un encuentro con autoridades municipales y representantes indígenas, Sánchez destacó que muchos ayuntamientos aún no implementan las estructuras necesarias para traducir los derechos constitucionales en prácticas efectivas. "Tenemos figuras jurídicas, representantes indígenas y direcciones municipales, pero sin recursos ni reglamentos internos, estas instancias son solo simulaciones. Para combatir la discriminación, debemos pasar del discurso a la acción concreta", afirmó. La funcionaria explicó que la discriminación hacia liderazgos indígenas no siempre es evidente; muchas veces se manifiesta mediante conductas normalizadas dentro del poder público que limitan el ejercicio pleno de derechos. "Son acciones que parecen inofensivas, pero afectan directamente a las comunidades. Si no las reconocemos y visibilizamos, nunca podremos erradicarlas", subrayó. Sánchez recordó la recomendación 12/2025 de la CODHEM, resultado de un diagnóstico en varios municipios, que evidenció serias deficiencias: algunos ayuntamientos no tienen Dirección de Asuntos Indígenas, otros desconocen su obligación de impulsarla y en muchos casos estas instancias sólo existen en papel, sin personal, presupuesto ni reglamentos. "No se puede justificar la falta de participación indígena diciendo que no quieren, si nunca se les informa ni se crean canales adecuados de comunicación. La responsabilidad es de la autoridad: acercarse, traducir las convocatorias a lenguas indígenas y garantizar un proceso inclusivo", puntualizó. Sánchez enfatizó que las Direcciones de Asuntos Indígenas deben contar con planes de trabajo claros, diagnósticos comunitarios y reglamentos internos que definan funciones y estructuras, de lo contrario, corren el riesgo de ser instancias decorativas. Además, señaló la importancia de que estas dependencias trabajen en coordinación con los representantes de las comunidades para diseñar estrategias conjuntas. "La colaboración es fundamental: un representante transmite la voz de su comunidad, pero necesita respaldo técnico y administrativo para convertir esa voz en acciones reales", concluyó. Por su parte, la diputada Leticia Mejía, quien organizó el encuentro, afirmó que las comunidades indígenas enfrentan obstáculos burocráticos para acceder a justicia o ejercer su derecho a la consulta previa, lo que genera desconfianza hacia las autoridades. "El desafío es que cada acción legislativa se traduzca en beneficios tangibles y cambios palpables en sus comunidades", manifestó. Mejía también señaló que muchas autoridades locales desconocen la normativa y protocolos que deben seguir al atender a pueblos originarios, lo que propicia prácticas discriminatorias inadvertidas. Finalmente, Arturo Márquez González, presidente de la Sala de Asuntos Indígenas del Estado de México, indicó que desde el ámbito judicial se ha detectado que muchos procedimientos administrativos no consideran las particularidades culturales y lingüísticas, lo que crea desigualdades en la protección de sus derechos. "La justicia debe ser cercana, comprensible y adaptada a las realidades de cada comunidad; de no ser así, perpetuamos la exclusión", afirmó. El magistrado concluyó que el reto no solo consiste en garantizar el acceso formal a la justicia, sino en lograr que sea efectivo y oportuno, pues en muchos casos los procesos son largos y costosos, limitando la capacidad de defensa de los pueblos originarios, lo cual va en contra del principio de igualdad ante la ley.
