Las comunidades autónomas de Navarra, Cataluña y el País Vasco presentan las tasas más altas de bajas laborales por contingencias comunes en España, con 52.2, 49.1 y 42.6 casos por cada 1,000 trabajadores afiliados, respectivamente. Así lo revela el informe más reciente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que indica una media nacional de 33.9 casos en 2024, un incremento significativo respecto a los 21.4 casos registrados en 2017.
El análisis de la AIReF muestra que regiones como Canarias y Cantabria han experimentado aumentos del 71.4% y 66.6% en sus tasas de incapacidad laboral desde 2017. Por otro lado, en 2024, las comunidades con mayor volumen absoluto de episodios de incapacidad temporal fueron Cataluña con 2.22 millones, Madrid con 1.52 millones y Andalucía con 1.08 millones de casos.
Pese a su volumen, comunidades como Navarra y Aragón destacan por su menor crecimiento en este periodo, con aumentos del 40.8% y 41.8%. La tendencia en el número total de procesos por contingencias comunes ha pasado de 4.7 millones en 2017 a cerca de 8.6 millones en 2024, mientras que los casos de contingencias profesionales se mantienen en aproximadamente 700,000 anualmente.
El informe señala además que la duración media de las bajas ha aumentado de 40 a 45.9 días en el mismo periodo, siendo Extremadura, Galicia y Asturias las regiones con los periodos más prolongados —alrededor de 88.6, 82.8 y 73.3 días, respectivamente— y con aumentos superiores a la media nacional.
En respuesta a esta tendencia, la AIReF recomienda fortalecer la supervisión y el seguimiento de las bajas laborales mediante la implementación de un sistema de información integral, mejorando la capacidad del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), y promoviendo una mayor colaboración con médicos de atención primaria y empresas. También plantea la activación de un sistema de alerta temprana para detectar posibles casos de absentismo y la revisión del modelo de tramitación automática de bajas, inspirado en experiencias internacionales como la alemana.
El costo económico de las bajas laborales ha superado los 16,500 millones de euros en el sector público, triplicando los registros de 2014 y siendo la segunda partida más significativa de la Seguridad Social después de las pensiones. Solo en construcción, el impacto previsto para 2025 ronda los 3,565 millones de euros. Algunas empresas han adoptado medidas para penalizar las bajas, como bonos por cumplimiento de jornada, pero recientes sentencias judiciales han limitado estas prácticas.
La Audiencia Nacional en enero rechazó acciones discriminatorias relacionadas con bajas justificadas, alegando que no se puede discriminar a empleados por motivos de salud ni disminuir su salario por enfermedad. También el Tribunal Supremo falló en contra de convenios empresariales que excluían a trabajadores en incapacidad temporal de ciertos beneficios, asegurando la protección de los derechos laborales en estos casos.
