El 8 de febrero de 2026, Nicaragua abolió la exención de visa para ciudadanos cubanos, poniendo fin a una política vigente desde noviembre de 2021 que convirtió al país en un puente clave para migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos. La medida, confirmada por el Ministerio del Interior y el director general de Migración, Juan Emilio Rivas Benítez, requiere ahora que los cubanos soliciten visas consultivas en línea, lo que representa un cambio significativo en la movilidad migratoria.
Desde 2021, Nicaragua facilitó un flujo masivo de migrantes cubanos mediante vuelos directos desde La Habana, operados por aerolíneas como Conviasa y Aruba Airlines, con tarifas que en algunos casos alcanzaron varios miles de dólares. Este corredor aéreo se convirtió en una ruta preferida para quienes planeaban continuar a través de Honduras, El Salvador, Guatemala y México, en su intento de ingresar a Estados Unidos por la frontera sur.
Durante ese período, miles de cubanos aprovecharon la política para cruzar rápidamente por Nicaragua, en ocasiones en días, gracias a una red de apoyo logístico que involucraba taxis, buses, hoteles y servicios alimenticios, todos controlados por las autoridades nicaragüenses, según informes de expertos como Manuel Orozco del Diálogo Interamericano.
El uso de Nicaragua como trampolín migratorio se consolidó con vuelos que conectaron a Cuba con destinos en África y Asia, facilitando también la llegada de migrantes a través de vuelos chárter en cientos de ocasiones durante 2023 y 2024. Solo en ese año se registraron más de 500 vuelos desde Cuba a Nicaragua.
Este flujo migratorio masivo impactó la frontera de Estados Unidos, donde en 2022 se reportaron más de 224,000 entradas irregulares de cubanos, y en 2023, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cruzaron aproximadamente 373,000 migrantes por la frontera sur, cifras que representan una disminución en comparación con el pico de 1.91 millones en 2024, atribuido a cambios en las políticas estadounidenses tras la llegada de Donald Trump.
El experto Manuel Orozco señala que Nicaragua usó la migración irregular como arma política contra EE.UU., cobrando entre 1,500 y 2,000 dólares a cada migrante por salvoconductos y permisos, además de facilitar rutas terrestres con apoyo logístico que multiplica los beneficios económicos y contribuye a un aumento de la inseguridad regional.
Con la suspensión del libre tránsito y la exigencia de visas a los cubanos, la capacidad de Nicaragua para actuar como corredor migratorio se ha reducido notablemente. La aerolínea Conviasa anunció la suspensión temporal de vuelos desde La Habana a Managua, una acción que marca un cambio drástico en su rol durante años en la crisis migratoria regional.
Por otro lado, las cifras indicaron una notable caída en los movimientos migratorios: en 2025, la entrada de migrantes irregulares a Honduras desde Nicaragua bajó a su nivel más bajo en cuatro años, y las entradas en la frontera de EE.UU. disminuyeron sustancialmente en comparación con 2024.
Expertos como Orozco advierten que las medidas tomadas por Nicaragua, aunque pretenden evitar confrontaciones con EE.UU., no han logrado frenar la migración cubana, que ya no encuentra en Nicaragua un 'trampolín' tan accesible. La política de cierre busca reducir la migración irregular, pero también termina afectando un lucrativo negocio que beneficiaba a diversos actores en la región y a las propias autoridades nicaragüenses.
