El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) enfrenta actualmente un total de 31,956 asuntos en trámite en Primera Instancia en las materias Civil, Familiar, Penal, Mercantil, Laboral y para Adolescentes. Cuando el Magistrado Presidente Fernando Díaz Juárez asumió el cargo el 7 de enero de 2023, existían 165,080 casos en trámite, de los cuales se concluyeron 133,044. Díaz Juárez concluirá su mandato de siete meses el próximo 5 de septiembre.
De los casos totales, 77,309 (59%) corresponden a asuntos iniciados en años previos, mientras que 55,735 (41%) son de este año. En la Segunda Instancia, las Salas y Tribunales de Alzada reportaron 10,291 nuevos casos y emitieron 8,551 sentencias que confirman, revocan o modifican resoluciones judiciales, siendo 6,041 (58%) de estos casos originados en 2023 y 2,510 (42%) de años anteriores.
El viernes 5 de septiembre a mediodía, se llevó a cabo la toma de posesión de 91 nuevos jueces, magistrados y un presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en el edificio del Congreso local en Toluca. Estos cargos, distribuidos en diversas áreas, tendrán vigencia de ocho años, salvo la presidencia rotatoria del Tribunal, cuyo mandato es de dos años.
Durante la ceremonia, el magistrado Héctor Macedo asumió la presidencia del Tribunal por los próximos dos años (2025-2027). Le sigue la magistrada Erika Icela Vega (2027-2029) y Luis Fernando Camacho Lupercio (2029-2031).
Asimismo, se conformó el Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de Judicatura, integrado por cinco miembros —tres mujeres y dos hombres— encabezado por Maricela Reyes Hernández. Los cargos durarán seis años, con sustituciones escalonadas y sin reelección. Entre los jueces, 55 cargos en materias penal, civil y familiar también serán renovados, con periodos de ocho años.
Esta es solo la primera fase de una transición en la que, en 2027, todos los jueces y magistrados de los 18 distritos judiciales del Estado de México serán electos mediante voto popular, buscando mayor transparencia y participación ciudadana en el poder Judicial local.
