Oaxaca, Oax., 7 de agosto de 2025.- Tras ocho años de desplazamiento forzado debido a la violencia, 153 familias de la comunidad Guadalupe Victoria, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, en la Sierra Norte del estado, comienzan su proceso de retorno a sus viviendas. Aunque el Gobierno estatal anunció un protocolo ‘histórico’ para atender esta problemática, las familias enfrentan todavía desafíos importantes tras casi una década de exilio, promesas incumplidas y desarraigo.
El desplazamiento de 471 personas en 2017 ocurrió en medio de un conflicto agrario entre San Juan Juquila Mixes y San Pedro Ocotepec, que derivó en amenazas, agresiones armadas y violencia, dejando a muchas familias sin opción más que abandonar sus hogares. Desde entonces, han vivido dispersas, sin acceso completo a servicios básicos como educación, salud y empleo, mientras las comunidades rivales negociaban acuerdos precarios que no garantizaban seguridad.
Este martes, en un acto inédito en Oaxaca bajo la administración de Salomón Jara, se realizó el primer “retorno humanitario” en la región. Un grupo de 10 funcionarios y observadores, incluyendo la Guardia Nacional y la ACNUR, inspeccionaron las viviendas en Guadalupe Victoria para evaluar las condiciones.
El gobierno considera que este retorno representa un avance hacia la pacificación, pero las familias desplazadas demandan garantías de seguridad y claridad sobre el destino de las tierras en disputa. La Coordinación de Derechos Humanos (CADH) aseguró que el proceso será acompañado y seguro, aunque en territorios controlados por armas, la efectividad de las instituciones aún es cuestionada.
Flor Estela Morales, de la CADH, afirmó: “Vamos a estar con ustedes, de cerca y escuchándolos, para concluir este proceso de la mejor manera”. Por su parte, Donato Vargas, de la Coordinación de Paz del gobierno estatal, informó que ya comenzaron las inscripciones escolares para los niños y niñas que, tras más de ocho años en el exilio, podrán volver a tener acceso a la educación.
Además, se anunció la reactivación de una clínica comunitaria y la construcción de un parque para fomentar la reintegración social. Las familias enfrentan además el reto de sanar heridas, recuperar la confianza y garantizar que no habrá futuras expulsiones.
Este proceso de retorno coincide con la aprobación en el Congreso local de la Ley para prevenir, atender y reparar el desplazamiento forzado interno, la primera en Oaxaca que tipifica el delito con penas de hasta 24 años de cárcel. La norma sanciona a quienes obliguen a desplazarse a comunidades y a funcionarios que impidan el retorno, además de establecer un registro estatal de víctimas, una medida considerada crucial por las organizaciones civiles aunque tardía.
En 2019, Oaxaca fue el segundo estado con mayor número de desplazados en México, con casos aún pendientes en lugares como Tierra Blanca Copala y San Juan Copala. El despliegue de fuerzas de seguridad, que incluye Policía Estatal, Guardia Nacional, Ejército y Marina, muestra que el conflicto aún no se ha resuelto y que la presencia militar será necesaria para garantizar la seguridad durante el proceso.
Con este avance, Oaxaca se convierte en el quinto estado en legislar sobre desplazamiento forzado y en el primero en organizar un retorno de esta escala, marcando un paso importante en la búsqueda de justicia y reparación para las familias afectadas.
