El Octavo Juzgado de Familia de Lima solicitó al Ministerio Público una pena privativa de libertad de entre cinco y ocho años para Pamela López, implicada en un caso por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en favor del futbolista Christian Cueva. La decisión nace a raíz de que la animadora violó reiteradamente las órdenes judiciales que le prohibían emitir declaraciones públicas o realizar referencias mediáticas sobre Cueva, con quien mantiene una disputa legal y mediática.
Según la denuncia presentada por el equipo legal del futbolista, Estudio Villaverde, López habría desobedecido las medidas de protección al realizar declaraciones públicas y emitir opiniones sobre Cueva en distintos medios, a pesar de la prohibición expresa impuesta por el juzgado. Como resultado, el juzgado remitió formalmente la solicitud de investigación al Ministerio Público, que ahora decidirá si continúa con la apertura de un proceso penal por desobediencia a la autoridad.
La legislación peruana, enmarcada en las leyes de protección familiar y contra la violencia hacia la mujer, establece sanciones severas por incumplimiento de estas medidas, con penas que podrían alcanzar los ocho años de prisión. La decisión judicial también considera que la exposición mediática de los hijos menores y las reiteradas infracciones legislativas agravan la situación legal de López.
Por otra parte, Pamela López enfrenta una denuncia adicional presentada por Selene Cucat, quien asegura haber recibido amenazas de muerte mediante llamadas y mensajes vinculados a López y su entorno, incluyendo a Paul Mícha y Beatriz Solórzano. Esta denuncia motivó una intervención policial en la residencia de López, sumando presión legal y mediática sobre la animadora.
Hasta ahora, López no ha emitido declaraciones directas respecto a la solicitud de prisión, aunque ha negado las amenazas denunciadas por Cucat y ha presentado pruebas para esclarecer los hechos. En entrevistas recientes, ha señalado que su prioridad es la protección de sus hijos y que está dispuesta a afrontar las acciones legales correspondientes, aunque lamenta el daño mediático a su familia.
Expertos legales advierten que la reincidencia en el incumplimiento, el daño a menores y la exposición pública de opiniones sobre Cueva podrían considerarse agravantes y aumentar la gravedad de las sanciones. Además, esta situación podría afectar otros procesos, como las decisiones sobre la custodia de los menores o demandas civiles por daños.
El caso queda ahora en manos del Ministerio Público, que deberá definir si formaliza la investigación penal y si solicita la detención preventiva de López. El proceso judicial puede extenderse durante varios meses, involucrando audiencias, peritajes y declaraciones de testigos, mientras la opinión pública sigue de cerca cada avance.
Por su parte, Christian Cueva ha mantenido un perfil bajo, delegando todas las acciones legales a su equipo de defensa, y solicitando respeto a su entorno. Sus abogados han insistido en el cumplimiento estricto de las medidas de protección, sin emitir declaraciones adicionales sobre el caso.
