A once meses del inicio de la Operación Enjambre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha logrado sentencias firmes contra siete exservidores públicos relacionados con grupos delictivos. La operación, lanzada en noviembre de 2024 en coordinación con fuerzas federales, ha detenido a más de 60 personas, incluyendo directores de Seguridad Pública, mandos medios y una exalcaldesa.
El operativo surgió tras la desaparición del comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo y su escolta en agosto de 2024, lo que llevó a detectar vínculos entre funcionarios locales y organizaciones criminales en diversas regiones del estado, principalmente con raíces en Michoacán y Jalisco. Además, se incluyeron casos de policías de Nicolás Romero, vinculados a narcofosas en ese municipio.
En colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad estatal, se llevaron a cabo órdenes de aprehensión en municipios del norte, sur y Valle de México. Desde julio, varias de esas investigaciones han culminado en sentencias.
Las condenas destacadas incluyen:
- Erik Adrián Hernández Mejía, 'El Tocino', ex policía de Nicolás Romero, condenado a 47 años y seis meses por homicidio calificado.
- Luis Ángel Nicolás Santos, ex titular de Seguridad Pública en Tlatlaya, a 50 años por secuestro exprés.
- Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez, también de Nicolás Romero, a más de 62 años por secuestro con fines de robo.
- Juan Cruz Solano, ex director en Coatepec Harinas, a 10 años por extorsión.
- Edgar Jiménez Ramos, exfuncionario en Santo Tomás de los Plátanos, condenado a un año por evasión.
- Agustín Gildardo Bringas Álvarez, exfuncionario de Santo Tomás de los Plátanos, a 60 años por secuestro.
- Omar Leyva Montalvo, exsubdirector en Naucalpan, a 40 años por extorsión.
También fueron detenidas exautoridades municipales como María del Rosario N., exalcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos, y María Elena N., alcaldesa en funciones de Amanalco, ambas investigadas por vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, solo siete de los detenidos han sido sentenciados; los demás casos siguen en proceso.
Hasta ahora, los delitos comprobados corresponden a hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo, con evidencia del uso de patrullas, armas y recursos públicos para actividades ilícitas. La Fiscalía continua con las investigaciones para desmantelar completamente los vínculos entre autoridades locales y organizaciones criminales, con apoyo de diversas instituciones.
