La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) solicitó a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la implementación inmediata de reformas para evitar nuevas sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la posible expulsión del Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA). Desde el exilio, la alianza demandó la restitución de derechos, el restablecimiento de organizaciones civiles, la libertad de medios independientes y la liberación de presos políticos. Además, insistieron en que el régimen acepte monitoreo internacional sobre garantías laborales y civiles, y garantice la independencia judicial.
La organización responsabilizó al régimen por el deterioro institucional y la represión sistemática en el país, advirtiendo que estas acciones agravan la crisis y dificultan una transición pacífica mediante reformas auténticas y elecciones libres. Estados Unidos evalúa incrementar los aranceles en un 100% a los productos nicaragüenses y expulsar a Nicaragua del DR-CAFTA, tras un informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) que señala que las políticas de Ortega y Murillo en derechos humanos y laborales afectan el comercio y limitan libertades fundamentales.
El informe de la USTR calificó las prácticas del régimen como “irrazonables” y destacó delitos como confiscaciones ilegales, persecución religiosa y cierre de instituciones educativas, como argumentos para una posible suspensión o eliminación de beneficios comerciales del acuerdo. La CDN afirmó que la crisis se agudiza por años de corrupción y abuso de poder bajo el control de Ortega y Murillo.
Mediante un comunicado, la organización exigió a los líderes nicaragüenses impulsar medidas inmediatas para que las familias no sigan pagando el costo de la crisis. Según The New York Times, existen cerca de 36 casos documentados de arrestos sin registro formal ni información sobre los detenidos, y casi la mitad de los 73 presos políticos reconocidos oficialmente no figuran en registros judiciales. Las familias desconocen los cargos y enfrentan amenazas y obstáculos que incrementan la incertidumbre.
Las desapariciones y detenciones afectan a líderes comunitarios, docentes, periodistas, pastores, indígenas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. La creciente inestabilidad institucional y social mantiene la atención regional y mundial en los acontecimientos en Nicaragua, mientras la opacidad y represión persisten en el régimen de Ortega y Murillo.
