El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de Rosario dictó condenas de entre 5 y 19 años y medio de prisión a seis integrantes de una organización criminal que, entre 2021 y 2023, planificó y ejecutó secuestros extorsivos en Rosario y Villa Ramallo, con víctimas que eran familiares de empresarios. La sentencia, basada en una resolución de casi 300 páginas, analizó intervenciones telefónicas, geolocalización de celulares, peritajes de voz y un modus operandi uniforme en todos los hechos, según el portal fiscales.gov.ar.
El tribunal, compuesto por los jueces Eugenio Martínez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano, hizo público el veredicto este miércoles 3 de octubre. La pena más severa fue para Claudio Daniel Coto, de 63 años, condenado a 19 años y 6 meses como jefe ideológico de la organización. Néstor Adrián Santabaya, mecánico de 61, recibió 17 años y 6 meses como jefe operativo.
Coto y Santabaya fueron considerados coautores de secuestro extorsivo agravado—por haber cobrado rescate y contado con la participación de más de tres personas—en concurso con robo agravado, amenazas y extorsión en grado de tentativa. Además, Coto también fue hallado culpable de detención ilegítima de Documento Nacional de Identidad ajeno.
Otros condenados incluyen a Emiliano Mario Andrés Acuña, de 38 años, y Sebastián Ezequiel Pugliese, de 47, reiteradamente reincidente, a 14 años de prisión por los mismos delitos en calidad de coautores. Nicolás Adrián Santabaya, remisero de 32 y hijo del mecánico, recibió 5 años por asociación ilícita y tenencia ilegal de arma de guerra. Igualmente, Silvia Beatriz López, de 44 años, pareja de Pugliese, fue sentenciada a 5 años como coautora de asociación ilícita y partícipe secundaria en secuestro extorsivo.
El primer secuestro ocurrió el 24 de enero de 2023 en Villa Ramallo, cuando A.D. fue interceptado por falsos policías federales y trasladado a San Nicolás. Los captores exigieron un millón de dólares por su rescate, pero acordaron un pago de 580 mil dólares en Wilde, donde fue liberado horas después en Santa Fe.
Cinco meses después, el 5 de octubre de 2023, la organización intentó secuestrar a F.B., una mujer rosarina, en su garaje, pero el operativo falló. Cinco días más tarde, ella y su hijo de 13 años fueron secuestrados en ese mismo lugar, trasladados a una vivienda en el Barrio Parque Avambaé, en San Nicolás, y liberados esa misma noche en una zona rural en Campo Salles, sin pago de rescate.
El tribunal resaltó que la banda actuaba con un esquema planificado, con tareas de inteligencia previas para seleccionar víctimas de alto perfil económico. Utilizaban algodones y plásticos para inmovilizarlas y las libertades se realizaban en zonas rurales a la vera de rutas.
La Unidad Fiscal Rosario comprobó que, entre julio de 2021 y diciembre de 2023, la organización llevó a cabo secuestros, amenazas y extorsiones con una estructura logística similar a una “fuerza de seguridad paralela”. La tecnología fue clave en la investigación, en la que se analizaron más de 2.5 millones de registros telefónicos, lo que permitió vincular a los acusados y localizar sus actividades.
Se identificaron varios tipos de teléfonos usados por los delincuentes: extorsivos, para ejecutar los hechos, y personales. Destacó el rastreo del “celular acompañante” de Coto, que no fue apagado, permitiendo su localización. También se constató que los lugares de cautiverio fueron alquilados con identidades falsas mediante plataformas como MercadoLibre y Airbnb.
Peritajes de voz confirmaron la participación de los acusados en las llamadas extorsivas, donde se empleó un distorsionador de voz que falló en una ocasión. La geolocalización de Santabaya mostró movimientos en Ramallo, San Nicolás y Wilde, coincidiendo con los momentos de captura y liberación. Además, Acuña y Pugliese fueron identificados por las víctimas por sus rasgos físicos y por hallazgos en sus domicilios.
La investigación fue coordinada por los fiscales Javier Arzubi Calvo y Matías Di Lello, con colaboración de la UFECO y del Departamento Antisecuestros Norte de la Policía Federal Argentina. Las condenas fueron acordadas con las penas solicitadas por la fiscalía, que encabezó el juicio junto a otros fiscales y auxiliares, además del acompañamiento psicológico y antropológico a las víctimas.
