Un grupo de 30 organizaciones, integrantes de la Alianza por la Democracia, ha advertido sobre la existencia de riesgos de violencia política en más de 300 municipios colombianos, en medio de un contexto de incremento de grupos armados ilegales, amenazas y posibles fraudes en el proceso electoral de 2025. En un comunicado conjunto, las entidades llaman al Gobierno a actuar con urgencia para prevenir alteraciones en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
Según los informes de autoridades electorales y organismos de derechos humanos, más de un tercio del territorio nacional, específicamente 339 municipios, enfrenta riesgos significativos que podrían afectar la paz y el desarrollo democrático. De esos, 171 presentan tanto amenazas de violencia como riesgos de fraude, y 81 están en situación de riesgo extremo.
El informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) y la organización Human Rights Watch señalan que la crisis de orden público, la expansión de grupos armados como el ELN y las limitaciones en el acceso a la justicia incrementan las vulnerabilidades del proceso electoral en el país, además de afectar el discurso público y promover noticias falsas, según la Defensoría del Pueblo.
Estos hechos incluyen asesinatos de figuras políticas, destrucción de propaganda electoral, ataques a caravanas, secuestros y decretos de toque de queda por parte de organizaciones armadas en varias regiones, particularmente en zonas como el Catatumbo y Arauca. La violencia ya influye directamente en las campañas y en la participación democrática.
Las organizaciones firmantes consideran que la expansión territorial de los grupos armados y la respuesta limitada del Estado han agravado la situación, poniendo en riesgo la libertad y seguridad de votantes, candidatos y autoridad electoral. Por ello, exigen una respuesta inmediata y coordinada para garantizar la integridad del proceso electoral en condiciones de transparencia y justicia.
Entre las entidades que respaldan este pronunciamiento se encuentran Transparencia por Colombia, la Fundación Foro Nacional por Colombia, la FLIP, Congreso Visible, la Cámara de Comercio de Bogotá y varias organizaciones sociales, que reiteran que la violencia política ya afecta el desarrollo democrático en el país y que la inacción del Gobierno no es aceptable. El llamado es a proteger la democracia y asegurar que el proceso electoral transcurra sin amenazas de violencia ni ilegalidades.
