Representantes de distintas organizaciones del sector de televisión y radiodifusión expresaron su preocupación por las modificaciones previstas en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, argumentando que ponen en riesgo la autonomía y financiamiento de sus medios debido a una sobrerregulación de radio y televisión en comparación con las plataformas de streaming.
Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), destacó el desequilibrio en la regulación entre los contenidos transmitidos por medios tradicionales y las plataformas digitales. La abogada señaló que los contenidos en línea deben ser regulados y que, durante la discusión de la ley, se pueden establecer lineamientos claros para ello.
“Nuestro objetivo es establecer restricciones y un balance en la publicidad para las audiencias. Sin embargo, la regulación actual resultó ser obsoleta. Hoy en día, un usuario en su hogar puede optar entre la televisión tradicional o una plataforma digital. En esta última, la regulación que aplicaba a la televisión ya no cumple su función, ya que en cualquier caso ingresan anuncios y desbalances”, afirmó Núñez Ronquillo.
Este debate tuvo lugar durante el cuarto conversatorio sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el Senado, el martes 20 de mayo, con participación de diversas organizaciones del sector de radiodifusión y televisoras.
La consejera de la CIRT sugirió que, para proteger los derechos de las audiencias, la regulación debe centrarse en el acceso a contenidos y la experiencia del usuario, en lugar de la tecnología utilizada, ya que esto impacta en los modelos de negocio de las radiodifusoras.
Núñez Ronquillo reiteró que el desbalance regulatorio no solo perjudica a las industrias sobrerreguladas, sino que también genera un trato desigual a los usuarios, quienes perciben diferentes niveles de protección según la tecnología que emplean. La legislación actual, afirmó, está desactualizada frente al avance del acceso a internet y las plataformas digitales, por lo que solicitó a los legisladores considerar este desfase.
Por otro lado, Azucena Pimentel Mendoza, presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, propuso crear un modelo de financiamiento para medios públicos que garantice un presupuesto no menor al del año anterior, con la posibilidad de recibir donativos nacionales e internacionales y patrocinios sin injerencia en los contenidos.
Pimentel Mendoza también sugirió ofrecer estímulos fiscales a quienes apoyen a los medios públicos, así como establecer tasas específicas para operadores de radio y televisión privados, plataformas de streaming o telefonía, sin afectar a los consumidores, con el fin de fortalecer estos medios.
Su propuesta contempla un “modelo mixto” de financiamiento, combinando recursos base, ingresos diversificados por donativos y patrocinios sin influencia editorial, y estímulos que fomenten contenidos culturales y educativos.
En cuanto a trámites y acceso a financiamiento, Elizabeth Sosa Hernández, representante de la Agencia de Transformación Digital, mencionó que la ley busca reducir los procedimientos para concesiones de uso social, comunitarias, indígenas y afromexicanas. También se pretende facilitar patrocinios, mensajes comerciales y ventas de productos o servicios locales, de hasta 40 segundos, para apoyar la sostenibilidad de estas radiodifusoras.
Finalmente, Sosa Hernández resaltó la importancia de la venta de publicidad a instituciones públicas, señalando que la regulación ha pasado del 1% a considerarse al menos ese porcentaje, con la intención de emitir lineamientos que permitan a todos acceder a ese porcentaje tanto a nivel federal como municipal.