La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México otorgó la amnistía a Longino N., indígena mazahua, quien estaba recluido en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Tenango del Valle tras ser condenado a 47 años y 6 meses por homicidio calificado.
La apertura de la primera sesión pública de la Sala, celebrada este martes en la sala de plenos, fue encabezada por el presidente de la misma, Magistrado Arturo Márquez González, quien informó que la solicitud de amnistía fue presentada por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Myrna Araceli García Morón.
Tras analizar el expediente, el magistrado explicó que Longino N., quien pertenece a una comunidad indígena del Estado de México, sufrió violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso durante su proceso legal. Entre estas violaciones destacó la falta de acceso a un traductor que explicara las implicaciones jurídicas del delito, la ausencia de defensor legal, y el hecho de que el delito imputado —un homicidio en riña— tiene una pena máxima de 10 años, muy inferior a la condena inicialmente impuesta.
Asimismo, Márquez González señaló que el imputado fue víctima de agresión no documentada por parte del Ministerio Público, y que tanto él como su familia recibieron amenazas de muerte de presuntos integrantes de grupos delictivos, entre ellas la víctima del homicidio.
De acuerdo con la versión presentada, los hechos ocurrieron en un contexto de riña y forcejeo por un arma de fuego, en el cual la detonación provocó la muerte de la víctima. Sin embargo, Longino N. no pudo denunciar estos hechos, no se recogieron evidencias a su favor, y durante el proceso no se garantizó el respeto a sus derechos humanos, incluso también murió un abogado defensor suyo, impidiéndole una defensa adecuada.
A las afueras del Penal de Tenango del Valle, familiares y personal de la CODHEM recibieron a Longino N., quien salió en la tarde del martes 1 de julio, visiblemente emocionado. Su esposa, Fortunata, expresó que la detención y sentencia del niño afectaron profundamente a toda su familia, y que la amnistía permitirá evitar la pérdida de más de 30 años de convivencia y libertad.
En entrevista, la titular de la CODHEM, Myrna Araceli García Morón, informó que hasta ahora se han otorgado 20 amnistías, una ha sido negada y tres están en proceso, de las cuales dos corresponden a miembros de comunidades indígenas.
Por su parte, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, destacó que esa institución ha sido receptiva a la retroalimentación en casos donde se presuma violaciones de derechos humanos y debido proceso. Díaz Juárez afirmó que la resolución de la Sala de Asuntos Indígenas abre la puerta para que personas de sectores vulnerables, como los pueblos originarios o afrodescendientes, puedan acceder a una justicia intercultural y con enfoque de derechos humanos en estos casos tan delicados.
