El padre de Miguel Uribe Turbay pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que mantenga y supervise las acciones en torno a la investigación del homicidio de su hijo, ocurrido el 7 de junio de 2025 en Colombia. La solicitud fue difundida a través de su cuenta en la red social X, enfatizando la necesidad de un seguimiento constante.
Miguel Uribe, exsenador y precandidato presidencial, fue víctima de un atentado cuyo asesinato la familia Uribe Turbay quiere que no quede en impunidad. En su comunicado, el padre del político manifestó: “Como padre de Miguel Uribe Turbay y en nombre de mi familia, solicito a la @CIDH que continúe vigilando el proceso por el asesinato de mi hijo”, reivindicando la búsqueda de justicia y condolencias para quienes experimentan violencia en el país.
El pedido también rechazó cualquier manipulación política o proceso de desinformación en torno al caso, señalando que “Miguel no fue una narrativa, ni un discurso, ni una estrategia política”. El padre resaltó que más allá de los debates públicos, Miguel fue una persona cuyo asesinato representa una grave realidad de violencia y polarización.
Asimismo, afirmó que denunciar la desinformación y la instrumentalización del caso es fundamental, y calificó de “perverso” engañar al país con información falsa. Además, advirtió que convertir su muerte en una disputa política solo resulta en una revictimización para su familia y dañina para la sociedad.
El comunicado subrayó la gravedad del crimen, calificándolo como un delito de lesa humanidad, resultado de la violencia política y una polarización extrema. La familia Uribe Turbay exige protección, orden y justicia para todos los afectados y para el país.
Por su parte, la CIDH decidió cerrar el expediente respecto a la solicitud de medidas cautelares presentada por el abogado Víctor Mosquera, representante legal de la familia del exsenador. La institución argumentó que la petición no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 25 de su reglamento, y aclaró a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, que esto no eximía al Estado colombiano de sus obligaciones de protección.
Aunque la decisión limita el avance en medidas internacionales de protección, la Unidad Nacional de Protección (UNP) aseguró que continuará brindando seguridad a la familia Uribe Turbay y que esa acción no depende del cierre del expediente por parte de la CIDH.
En julio de 2025, Mosquera informó sobre una reunión con la CIDH donde presentó argumentos para defender la protección de la familia y solicitó medidas cautelares en favor de todo el partido Centro Democrático, al que pertenecía Uribe Turbay, anticipando posible daño en el proceso electoral del 2026.
El abogado también entregó documentación que, según afirmó, evidenciaba discursos de odio y estigmatización promovidos por el gobierno del presidente Gustavo Petro contra Miguel Uribe, además de posibles fallas en la protección por parte de la UNP y desinformación.
Mosquera advirtió sobre posibles injerencias del Ejecutivo en la investigación judicial, señalando que la Fiscalía General de la Nación tiene la competencia exclusiva para esclarecer el caso. Aseguró que se estaban presentando nombres de organizaciones criminales con la intención de cerrar o manipular la investigación, lo cual calificó como un obstáculo a la justicia independiente.
Finalmente, la familia Uribe Turbay solicitó a la CIDH que todos los investigados por el crimen sean imputados por delitos relacionados con terrorismo, buscando que la justicia actúe en consecuencia para esclarecer el caso y prevenir la impunidad en el país.
