El Partido Acción Nacional (PAN) en la Ciudad de México anunció este jueves que llevará a cabo una campaña en las 16 alcaldías para invitar a la ciudadanía a promover amparos colectivos contra la denominada 'Ley Espía'. Estas reformas, impulsadas por Morena, permiten el rastreo, espionaje y acceso a comunicaciones privadas sin autorización judicial, advirtiendo que buscan vigilar a ciudadanos críticos bajo el pretexto de la seguridad nacional.
Óscar Agüero Zúñiga, tesorero del PAN capitalino, denunció: "La Federación quiere espiar bajo el argumento de ‘seguridad nacional’, pero en realidad busca vigilar al ciudadano crítico, no al criminal armado". En conjunto con legisladores, concejales y militantes, el PAN recorrerá colonias para explicar los riesgos legales y constitucionales de estas reformas al Sistema Nacional de Inteligencia y a la Ley de Telecomunicaciones. Además, ofrecerán asesoría para presentar amparos individuales y colectivos.
"El gobierno desea un país donde el miedo sea suficiente para mantenernos en silencio. La Ley Espía forma parte de esa estrategia", indicó Agüero. Como parte de su estrategia nacional, el partido pone a disposición un formato de amparo que cualquier ciudadano puede descargar y presentar de manera independiente para proteger su privacidad.
Hace un mes, el PAN anunció el lanzamiento de un modelo de amparo universal contra este marco normativo, además de impugnar en la Suprema Corte una reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla que sanciona expresiones consideradas ofensivas en redes sociales. Jorge Romero, coordinador parlamentario del PAN, afirmó frente a las oficinas del Poder Judicial que: "Estamos combatiendo esta ley censor en Puebla por la vía de la inconstitucionalidad, y también enfrentaremos las leyes espía —o como las llamó el diputado Döring, ‘las leyes del bien espiar’— con amparos universales".
Mientras el PAN denuncia vigilancia sin control, la Secretaría de Gobernación presentó este miércoles una estrategia de diez puntos para implementar, a más tardar el 15 de octubre, la nueva Ley General en Materia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, aprobada en junio con el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta normativa permitirá el rastreo de personas mediante diversas técnicas, como el uso de la CURP biométrica, imágenes satelitales, bases de datos forenses y una plataforma nacional de identidad que centralizará registros oficiales y privados.
La oposición argumenta que estas medidas constituyen un esquema que facilitará el espionaje masivo a los ciudadanos, bajo la justificación de localizar personas desaparecidas. Aunque el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, afirmó que el uso de datos biométricos sería voluntario, las recientes reformas legales obligan a instituciones privadas, como bancos y empresas telefónicas, a entregar estos datos a las autoridades.
Adicionalmente, las reformas establecen que la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos será la única identificación oficial válida para trámites legales, generando preocupación sobre la potencial vigilancia estatal sobre los ciudadanos.
