La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) anunció la aprobación de una nueva resolución que regula la captura y comercialización del atún rojo en el Atlántico Este y Mediterráneo, en línea con las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT). La medida, oficializada mediante la Resolución ADM/ARAP No.006 y publicada en la Gaceta Oficial el 10 de febrero de 2026, busca fortalecer las acciones nacionales para contribuir a la conservación global de una especie altamente valorada y presionada por la demanda internacional.
El acuerdo obliga a Panamá a aplicar las medidas de conservación y ordenación establecidas por la ICCAT para 2026 y años siguientes, reafirmando su compromiso con los tratados internacionales de pesca sostenible, desde su ingreso al convenio en 1998. Entre los aspectos clave de la normativa destacan la estricta regulación de cuotas, permisos, registros de embarcaciones, así como la implementación de sistemas de seguimiento satelital y trazabilidad del producto desde la captura hasta la exportación.
La resolución prohíbe prácticas no selectivas o dañinas para los ecosistemas marinos y refuerza control sobre las artes de pesca, temporadas permitidas y áreas restringidas, con el fin de reducir la captura incidental y proteger especies asociadas. El atún rojo, considerado uno de los más cotizados en mercados asiáticos como Japón, China y Corea del Sur, genera una alta presión sobre sus poblaciones naturales, con estudios que alertaron sobre reducciones de más del 80% en algunas zonas durante los años noventa y principios del 2000.
Desde entonces, ICCAT implementó un régimen de cuotas y fiscalización que permitió una recuperación parcial, aunque las poblaciones permanecen vulnerables. La nueva normativa panameña especifica una cuota anual autorizada de 55 toneladas para embarcaciones nacionales, que deben operar dentro de parámetros técnicos y administrativos definidos por la entidad regional.
Asimismo, Panamá podrá transferir total o parcialmente su cuota a otros países contratantes, previa notificación a ICCAT, facilitando la colaboración regional para la gestión de recursos. La normativa advierte sobre posibles sanciones, incluyendo multas, suspensión de licencias y decomiso, en caso de incumplimiento en los límites de captura o en los registros de trazabilidad.
El marco legal también establece mecanismos de inspección portuaria, control documental y cooperación con autoridades aduaneras y pesqueras, procurando evitar el ingreso y circulación de productos capturados ilegalmente. La medida complementa políticas nacionales que posicionan a Panamá como un actor responsable en la cadena global del atún, promoviendo prácticas de extracción y comercio sostenibles.
El texto responde a desafíos adicionales como el impacto del cambio climático, que afecta las rutas migratorias y reproducción del atún rojo. La ARAP considera que estas acciones forman parte de una estrategia internacional para preservar los recursos marinos y la imagen del país en el contexto de la pesca responsable.
Por último, las sanciones por incumplimiento, las mayores exigencias operativas y la alineación con estándares internacionales aportan mayor seguridad jurídica para los operadores nacionales, consolidando a Panamá como un país comprometido con la sostenibilidad oceánica y la protección de especies vulnerables en una economía global cada vez más consciente de sus responsabilidades ambientales.
