El Congreso de Panamá aprobó en primer debate un proyecto de ley que busca modernizar la regulación y mejorar la supervisión de las asociaciones de padres de familia en el sistema educativo oficial del país. La iniciativa responde a denuncias de irregularidades administrativas, como gastos no justificados y falta de controles internos, que han afectado la confianza de la comunidad educativa.
El nuevo marco legal propone establecer reglas claras sobre el manejo de fondos y la rendición de cuentas, además de definir de manera precisa las funciones y responsabilidades de estas organizaciones civiles, que actúan como actores clave en el apoyo a la gestión escolar. Según el texto, las asociaciones serán consideradas organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, integradas por padres y responsables de estudiantes, con el objetivo de colaborar en el bienestar de los alumnos y el fortalecimiento de la comunidad educativa.
Actualmente, la normativa vigente, basada en decretos de la década de 1980, presenta vacíos legales que han facilitado prácticas cuestionables, incluyendo gastos injustificados, reportes financieros deficientes, retiros de dinero sin respaldo y la carencia de controles internos efectivos. Datos oficiales revelan que, en el año 2023 y principios de 2024, las investigaciones relacionadas con estas asociaciones aumentaron significativamente, sumando en total 101 casos, con mayor incidencia en Panamá Oeste, coclé, Chiriquí y Panamá.
El proyecto contempla medidas específicas para incrementar la transparencia y la fiscalización, como la obligación de presentar informes de gestión semestrales y anuales ante la asamblea general, considerada la autoridad máxima de cada asociación. Además, se propone la creación de un comité de fiscalización integrado por el Consejo de Delegados, encargado de supervisar el uso de los recursos y asegurar el cumplimiento de las normas internas. La documentación oficial deberá ser almacenada en archivos físicos o digitales dentro de los centros educativos, para garantizar la trazabilidad de las operaciones financieras.
La diputada Patsy Lee, promotora del proyecto, explicó que la iniciativa busca fortalecer la organización escolar mediante mecanismos de participación democrática, como la aprobación de planes de acción, gastos extraordinarios y reglamentos internos, promoviendo así una gobernanza más transparente y responsable. La propuesta también alinea sus disposiciones con los artículos 91 y 95 de la Constitución panameña, que garantizan el derecho a la educación y la participación comunitaria en el proceso educativo.
Históricamente, las asociaciones de padres han contribuido a mejorar infraestructura escolar, organizar actividades curriculares y extracurriculares, así como ofrecer apoyo logístico. Sin embargo, la falta de actualización normativa ha generado inconsistencias que esta ley pretende corregir para consolidar su papel estratégico en el sistema educativo. La aprobación en primer debate marca el inicio de un proceso legislativo que continuará con otras etapas antes de convertirse en ley, lo que podría transformar la gestión y control de los recursos de las asociaciones de padres en Panamá.
