El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, sostuvo este martes una reunión con familiares de presos políticos y organizaciones de derechos humanos para abordar el proyecto de ley de amnistía, que ya fue aprobado en primera discusión. La convocatoria se realiza en medio de denuncias que señalan que la ley excluiría a más de la mitad de las personas detenidas por motivos políticos en el país. La delegación fue recibida en el Palacio Federal Legislativo tras una concentración en las inmediaciones del Congreso, en la que familiares y activistas reclamaron participar en la consulta pública previa al segundo debate del proyecto. La reunión fue encabezada por el diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la Comisión especial encargada de la redacción del texto, quien afirmó que el Parlamento busca incluir las propuestas de las víctimas de persecución política. Arreaza aseguró que han recibido contribuciones de expertos jurídicos y afectados por la confrontación política, y que dichas observaciones deben ser consideradas antes de definir la versión final de la ley, destacando que el objetivo es promover la reconciliación nacional mediante mecanismos constitucionales. Sin embargo, familiares presentes advirtieron que el proyecto, en su forma actual, deja fuera a un número significativo de casos documentados. Andreína Baduel, dirigente del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, expresó que más de la mitad de los presos políticos quedarían excluidos si la ley se aprueba sin considerar a las víctimas. Baduel explicó que, aunque el proyecto cubre desde 1999 hasta 2026, el artículo 6 menciona años específicos—2002, 2003, 2004, 2007, 2013, 2014, 2017, 2019 y 2024— lo que limitaría el alcance real. Según registros de familiares y organizaciones, las detenciones ocurridas en 2018, 2020, 2021, 2022 y 2023 quedarían fuera del beneficio, a pesar de que en estos períodos se concentran la mayor parte de los casos. La activista agregó que las víctimas no han sido debidamente consultadas y que existen otros mecanismos jurídicos que permitirían revisar los casos de manera individual, considerando que muchos procesos presentan irregularidades. Subrayó que una ley de amnistía no debe conllevar impunidad, sino que debe incluir mecanismos de reparación para las víctimas y garantizar que no se repitan las violaciones. Durante la jornada, familiares de personas encarceladas en cárceles como El Rodeo I, Yare y Tocuyito, además de centros policiales, se concentraron en Caracas para exigir que sus observaciones sean incorporadas antes de la aprobación definitiva. La delegación fue recibida también por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, quien participó en la entrega formal de los reclamos. La organización Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, reportó 426 liberaciones desde que se anunció el proceso en enero, mientras que el régimen de Delcy Rodríguez afirma que ya han sido liberadas 897 personas desde diciembre, sin aún divulgar un listado oficial. La discusión de la ley de amnistía continúa en medio de estas voces de rechazo y propuestas de modificaciones.
