La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú se pronunció oficialmente sobre el proceso judicial que enfrenta el Terminal Portuario de Chancay, propiedad del consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. (CSPCP). La declaración, difundida a través de su cuenta en X, responde a una resolución de la Corte Superior de Justicia de Lima que ordenó al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias sobre esta infraestructura.
El comunicado del Gobierno destaca que, si bien el puerto es una infraestructura bi-estado y opera bajo una habilitación administrativa otorgada por la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la sentencia judicial reconoce su naturaleza privada, al señalar que no existe un contrato de concesión estatal y que las competencias regulatorias de OSITRAN serían limitadas. La resolución enfatiza que la prestación de servicios de uso público no transforma al puerto en una infraestructura de régimen público ni habilita la aplicación automática de un marco regulatorio completo.
El Ejecutivo reafirmó en su pronunciamiento los principios constitucionales que rigen la economía peruana, incluyendo la libertad de iniciativa, la promoción del libre mercado, la protección de la propiedad privada y la igualdad de condiciones para inversión nacional y extranjera, según el artículo 63 de la Constitución.
Asimismo, el comunicado subraya la política del Estado de promover la inversión extranjera para impulsar el desarrollo económico, mejorar infraestructura y fortalecer la competitividad, sin que ello comprometa el cumplimiento del marco legal nacional.
En ese sentido, la PCM remarcó que el Terminal de Chancay debe acatar toda la normatividad vigente en Perú, incluyendo regulaciones en materia de seguridad portuaria, control ambiental, aduanas y prevención del delito, en las cuales participan diversas entidades públicas como la APN, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), SUNAT, la Policía Nacional y OEFA.
Una parte clave del pronunciamiento advierte que la resolución judicial habría ordenado a OSITRAN abstenerse de ejercer sus funciones regulatorias, lo cual el Gobierno considera que podría afectar el orden jurídico y operativo del terminal. El Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de tomar acciones legales adicionales, en cumplimiento con la normativa vigente, si se confirman estos supuestos.
El Gobierno peruano continúa defendiendo la legitimidad del marco legal que regula la inversión en infraestructura portuaria y reafirma su compromiso de garantizar la supervisión y cumplimiento de las regulaciones en beneficio del desarrollo económico y la seguridad del país.
