El expresidente Pedro Castillo aprovechó su audiencia en el juicio por rebelión para dirigirse al país, cuestionando la estructura provisional del sistema judicial y del Gobierno. En su intervención, Castillo afirmó que actualmente en Perú se vive una situación de provisionalidad en instituciones clave, como el poder ejecutivo y judicial, y solicitó una explicación al respecto. "Tenemos un presidente interino, un fiscal interino, una sala provisional; es necesario que se explique esto al país", dijo.
Asimismo, hizo referencia al artículo 450 del Código Procesal Penal, que establece que el proceso contra un alto funcionario debe estar a cargo de un fiscal supremo, pero que en su caso ha sido delegado a un fiscal adjunto supremo. Castillo criticó esta situación y reiteró su rechazo al juicio, afirmando que es parte de una situación de crisis institucional.
Durante la audiencia, expresó también su solidaridad con Betssy Chávez, quien no pudo asistir debido a problemas de salud, y cuyo abogado solicitó suspender el juicio para evitar indefensión.
El proceso contra Castillo, llevado a cabo por el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se acerca a su fase final, con los alegatos finales previstos para el 24 de octubre según la Sala Penal Especial de la Corte Suprema. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación pública, aunque la pena podría reducirse si los cargos cambian a 'conspiración para la rebelión'.
Por su parte, la Procuraduría General del Estado demanda una reparación civil de más de 65 millones de soles para los afectados. Además de Castillo, están acusados Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y los policías Justo Venero y Manuel Lozada. La Fiscalía pide condenas de hasta 25 años de prisión para Chávez, Huerta, Venero y Lozada, y de 15 años para Torres, considerando su edad avanzada.
Antes de los argumentos finales, se realizarán interrogatorios a los acusados los días 21 y 23 de octubre; en caso de negativa a declarar, sus declaraciones previas serán leídas por el tribunal. La Sala Suprema evaluará la posibilidad de desvincular las acusaciones de rebelión y calificarlas como conspiración, lo que implicaría una reducción en las penas. Tras los alegatos, los imputados podrán ejercer su última defensa antes de que los jueces emitan su fallo en sesión reservada.
