La percepción de la corrupción en Colombia ha mostrado un incremento en 2025, evidenciado en los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) presentado por Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional. Según el informe, el país se ubica en el puesto 99 de 182 naciones, con una puntuación de 37 puntos sobre 100, reflejando serias debilidades en la gestión institucional para combatir este flagelo.
El IPC evalúa a países mediante análisis de política pública, investigaciones académicas, seguimiento a compromisos anticorrupción y cobertura periodística, tomando en cuenta datos recabados en 2024. La calificación de Colombia, que ha bajado desde los 39 puntos en 2024 y los 40 en 2023, evidencia un retroceso en la percepción ciudadana sobre la corrupción en el sector público.
En comparación con otras naciones, Colombia se sitúa por debajo de países de las Américas como Argentina, Brasil, Ecuador y Panamá, y lejos de países con menores niveles de corrupción como Canadá, Uruguay y Chile, así como de naciones con alta percepción de integridad como Dinamarca, Finlandia y Singapur.
Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, explicó a Infobae que la persistencia de prácticas corruptas, que incluyen el uso irregular de recursos públicos y beneficios propios, se ha vuelto más sofisticada y afecta incluso a actores cercanos al gobierno. Hernández señaló que los grandes escándalos de corrupción involucran presupuestos públicos elevados y decisiones en los niveles más altos del Estado, impactando a amplios sectores.
El informe también destaca la falta de una política pública de Estado coherente y sostenida en el tiempo, a pesar de intentos previos como la consulta anticorrupción en 2018. La percepción de poco compromiso en la lucha anticorrupción en la actual administración, sumada a escándalos que involucran a miembros cercanos a la Presidencia, refuerza los resultados negativos.
Un caso emblemático es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), donde se evidenció el direccionamiento de contratos y desvío de recursos, en un esquema que parece haber buscado promover proyectos oficialistas mediante sobornos. Además, Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros delitos.
Hernández enfatizó que una de las principales responsabilidades del gobierno es ejercer un liderazgo eficaz en la lucha contra la corrupción, articulando acciones entre diferentes entidades y promoviendo la independencia judicial, la protección a denunciantes y la recuperación de recursos. También resaltó la importancia de mantener la imagen internacional del país en línea con esfuerzos anticorrupción y criticó decisiones como el asilo a exlíderes condenados por corrupción, que afectan la reputación de Colombia.
Por último, el experto señaló que el progreso en esta materia requiere una estrategia integral que priorice la prevención en la contratación pública y fortalezca los mecanismos sancionatorios, respetando la separación de poderes y promoviendo la confianza en las instituciones. La existencia de instituciones sólidas para el control y sanción de ilícitos es la diferencia clave entre países con altos y bajos niveles de corrupción.
