¿Qué sucede cuando una autoridad local actúa fuera de la ley y pone en jaque una actividad económica en plena naturaleza protegida? La semana pasada en Zumpango, Estado de México, esto se convirtió en realidad. La colocación de sellos de clausura en una mina ubicada en la comunidad de Santa María Cuevas generó una serie de enfrentamientos y bloqueos viales que ponen sobre la mesa un debate sobre permisos, jurisdicción y protección ambiental.
Todo empezó cuando el ayuntamiento de Zumpango decidió cerrar la mina, alegando permisos irregulares y afectaciones a un Área Natural Protegida. Pero aquí no termina la historia. Los transportistas del Sindicato de la CTC no tardaron en protestar: bloquearon la carretera Zumpango-Cuautitlán en respuesta, asegurando que la mina se encuentra en territorio del municipio de Tequixquiac y que no deben ser ellos quienes decidan su cierre.
El gobierno de Zumpango justificó su acción señalando que la mina extrae diariamente al menos 100 camiones de material, y que esta actividad se realiza sin el permiso adecuado. La figura del presunto responsable, Abel Domínguez, líder del sindicato local CTE, fue central en la polémica. Él insiste en que su organización posee todos los permisos necesarios emitidos por el Estado de México, y que la acción del municipio es una arbitrariedad. Según Domínguez, Zumpango no tiene jurisdicción ni facultad legal para intervenir en actividades que, según él, se desarrollan fuera de su límite territorial.
Este conflicto ha puesto en evidencia cómo, en ocasiones, las decisiones locales pueden chocar con la normativa ambiental y la legalidad, generando movilizaciones y tensiones entre diferentes actores. Abel Domínguez afirmó que buscarán resolver el problema mediante diálogo y dentro del marco de la ley, dejando claro que no permitirán actos ilegales ni chantajes.
¿Será posible llegar a un acuerdo que garantice tanto el cumplimiento de la ley como la protección de los derechos de los trabajadores? La respuesta está en las conversaciones que seguirán y en la voluntad de las autoridades de garantizar un equilibrio justo. Mientras tanto, la comunidad observa atentos cómo se resuelve este enfrentamiento que, sin duda, tendrá repercusiones en la relación entre permisos, jurisdicción y protección ambiental en la región.
