Este miércoles, las fuerzas militares y policiales de Perú intensificaron operativos en Lima tras la declaración del estado de emergencia, en medio de una creciente crisis de inseguridad y escepticismo social. La medida, que fue decretada por el gobierno interino del presidente José Jerí por 30 días, permite restringir derechos como las reuniones y la movilidad, además de autorizar la militarización de las calles limeñas.
En el marco de estas acciones, la Policía Nacional del Perú (PNP) inició el plan ‘Destello’, con unidades especiales en la capital, enfocadas en desarticular bandas criminales. Entre los primeros operativos destacados, la brigada de robos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) realizó una intervención en el distrito de La Victoria, donde detuvo a 24 personas, 21 de ellas extranjeras, vinculadas a delitos de robo agravado y tráfico de drogas.
Asimismo, también se efectuaron operativos en San Juan de Lurigancho, con la captura de una banda dedicada a la venta de drogas, y controles en Chaclacayo y Chosica, para detectar armas, drogas y objetos ilícitos en conductores.
En las prisiones de Lurigancho y Ancón, se realizaron requisas que hallaron armas blancas, celulares, un dispositivo satelital y libretas de apuntes, según informó el ministro de Justicia, Walter Martínez. Como parte de las medidas para reducir la violencia en las cárceles, se restringieron las visitas a cada quince días y se implementó un ‘apagón electrónico’, que limita el uso de energía eléctrica en los penales para impedir comunicaciones ilegales.
Estas acciones surgen en medio de una crisis de inseguridad que ha provocado protestas masivas, sobre todo entre la juventud de la Generación Z. La población manifiesta su descontento ante la incapacidad del Estado para reducir la violencia, que en algunos casos ha derivado en la pérdida de vidas y heridos, y recrimina al gobierno por su gestión.
A pesar de esfuerzos previos, como el estado de emergencia en marzo y julio en Lima y el Callao, la violencia y las extorsiones no han disminuido significativamente. De hecho, las denuncias de extorsión en Perú se dispararon de 2,396 en 2023 a más de 17,000 en 2024, con Lima en el primer lugar, según cifras oficiales. La población busca medidas severas, incluso comparables a las aplicadas en países como El Salvador, aunque estas suelen ser cuestionadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
