El 13 de febrero de 2026, el Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente el decreto del Gobierno de Gustavo Petro que estableció un incremento del salario mínimo legal del 23.78% para el año 2026. La decisión ordenó la emisión de un nuevo decreto ajustado a los criterios técnicos y legales, y mantiene bajo revisión judicial la medida hasta que se dicte una sentencia definitiva. La Corte indicó que el Ejecutivo tiene ocho días para emitir una regulación transitoria basada en la Ley 278 de 1996 y los parámetros económicos y constitucionales pertinentes, la cual será provisional mientras continúa el proceso judicial. En respuesta, Petro convocó a los colombianos a marchar el jueves 19 de febrero en defensa del “salario vital” decretado a finales de 2025. La movilización se realizará en las principales plazas de las ciudades, con concentración en la Plaza de Bolívar en Bogotá a las 14:00 horas. El mandatario pidió a la ciudadanía alzar la voz para proteger un salario digno, sosteniendo que las razones técnicas, económicas y constitucionales respaldan la decisión. Petro argumentó que el cálculo del salario mínimo vital debería situarse en aproximadamente 2.155.000 pesos mensuales (USD 588.66), cifra que considera necesaria para ajustar la remuneración a los niveles de productividad alcanzados en las últimas décadas. Además, afirmó que respetará la sentencia del Consejo de Estado y actuará conforme a la Constitución de 1991, enfatizando que el salario mínimo se debe determinar bajo los criterios del salario móvil y vital, según el artículo 53 de la Constitución. La propuesta busca cerrar la brecha entre la productividad y la remuneración laboral, ajustando la base salarial a nivel del costo de vida y la productividad económica. Petro aclaró que el ajuste provisional permanecerá vigente hasta que se dicte una resolución definitiva, y aseguró que respetará la decisión del tribunal máximo, sustentándose en el marco constitucional vigente.
