La Justicia Federal de Rafaela, en Santa Fe, avanza en una investigación que evidencia una de las modalidades de fraude más frecuentes en el sistema de salud para jubilados: la emisión de recetas electrónicas apócrifas. La causa involucra a un médico de 72 años y a una farmacéutica dueña de un comercio, quienes fueron acusados por la Fiscalía Federal de promover un esquema que generó un perjuicio millonario al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
El fiscal Jorge Gustavo Onel solicitó formalmente la elevación a juicio de los procesamientos por delitos de defraudación contra la administración pública, ante el juez federal subrogante de Rafaela, Aurelio Cuello Murúa. La acusación señala que los profesionales habrían confeccionado 636 recetas electrónicas falsas, destinadas a simular la dispensación de medicamentos a 78 jubilados que en realidad no estaban relacionados con los presuntos pacientes.
La detección del fraude se sustenta en un análisis técnico que reveló que las recetas se cargaron desde las computadoras de la farmacia de la imputada, cuyas direcciones IP coincidían con las asignadas por la empresa de telefonía al comercio. La investigación evidencia que la farmacéutica utilizó el sistema informático del PAMI para generar disposiciones patrimoniales indebidas a su favor, mientras que el médico habría facilitado sus credenciales para que la maniobra fuera posible.
El perjuicio económico al PAMI habría sido percibido de manera irregular a través del circuito de facturación habitual. El caso fue detectado a partir de una denuncia de una afiliada, quien encontró diferencias entre los medicamentos recetados y los entregados en una farmacia de Rafaela, además de revelar que no conocía ni al médico prescriptor ni a la farmacia involucrada.
La pesquisa incluyó auditorías digitales, entrevistas a afiliados y allanamientos en la farmacia, donde se secuestraron ocho gabinetes de computadoras. Los peritajes reforzaron la hipótesis de coordinación entre ambos profesionales para simular la atención médica. En paralelo, el PAMI inició un sumario administrativo que sancionó al médico, quien fue mencionado por todos los entrevistados como ajeno a la farmacia.
Tras recopilar suficiente evidencia, el fiscal solicitó la declaración indagatoria de los imputados. Aunque en febrero de 2024 un juez federal dictó la falta de mérito, esta decisión fue apelada y revisada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, que en agosto constató, con los niveles de prueba requeridos, la existencia de una maniobra sistemática para perjudicar al Estado.
Con estos antecedentes, el juez Cuello Murúa dictó el procesamiento de ambos imputados, sin prisión preventiva, por delito de defraudación, habilitando así la elevación a juicio oral. La causa se enmarca en un contexto de mayores controles y auditorías que el PAMI implementó desde el año pasado, revelando prácticas sistemáticas de fraude en distintas áreas del sistema de salud para jubilados.
Entre estas irregularidades se detectaron volúmenes de prestaciones irrazonables, como la realización de 283 prácticas en cinco horas en un centro de gastroenterología, o más de 600 órdenes médicas en un solo día en módulos de cardiología, lo que alarma por jornadas laborales imposibles.
Las auditorías también identificaron turnos superpuestos, uso compartido de credenciales y emisión de recetas sin atención efectiva, incluyendo casos donde los jubilados figuraban atendidos, pero en realidad nunca recibieron medicamentos ni consultas. Los informes oficiales consideran que estas irregularidades forman parte de un entramado más amplio que involucra recetas falsas, facturación fraudulenta y uso indebido de datos personales.
Autoridades del PAMI, lideradas por su director ejecutivo Esteban Leguízamo, han presentado denuncias penales contra los responsables, mientras trabajan en un esquema de controles más riguroso, que incluye auditorías permanentes, monitoreo de patrones, cruce de datos y penalizaciones automáticas ante irregularidades. También centralizaron las compras de insumos para reducir costos y evitar circuitos superficiales.
El organismo asegura que su objetivo no es reducir prestaciones, sino eliminar las prácticas ilícitas, fortalecer la transparencia y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a los afiliados. Con causas judiciales en marcha, sumarios administrativos y controles en curso, el PAMI busca reestablecer orden en un sistema marcado por antecedentes de irregularidades yfraudes en diversas áreas relacionadas con la salud de los jubilados.
