En la primera reunión de trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas del Congreso del Estado de México, legisladores y funcionarios coincidieron en la necesidad de dejar atrás políticas asistencialistas para avanzar hacia un modelo de desarrollo integral que garantice derechos plenos a los pueblos indígenas.
La discusión se centró en la armonización de la Constitución local con la reforma federal, que reconoce a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Este cambio busca trascender el discurso y traducirse en acciones concretas.
La diputada Leticia Mejía, promotora de una de las iniciativas en análisis, señaló que los pueblos originarios han enfrentado desigualdad y discriminación, a pesar de ser guardianes de la riqueza cultural del Estado de México. Criticó que su lengua, tradiciones y vestimentas sean vistas solo como elementos de museo, en lugar de aspectos vivos que deben traducirse en mejores condiciones de vida.
“No basta con programas sociales temporales; necesitamos una política de Estado que garantice educación intercultural, salud con medicina tradicional, infraestructura y participación real en decisiones”, afirmó.
La reforma propuesta establece la obligación de consultar a las comunidades antes de implementar medidas legislativas o administrativas que las afecten, además de reconocer sus sistemas normativos internos y su derecho a la libre determinación. Uno de los puntos más urgentes es el cumplimiento de los plazos legales, pues la reforma federal estableció 180 días para que los estados adecuaran su marco jurídico, plazo que venció en marzo de 2024 sin que el Estado de México haya actuado.
La diputada Ruth Salinas Reyes resaltó la importancia de acelerar este proceso sin reducir la participación comunitaria, ya que una consulta adecuada evitará que la reforma quede solo en papel. Ejemplificó la necesidad de una justicia con perspectiva indígena al recordar el caso de una mujer náhuatl con discapacidad mental condenada sin acceso a un traductor, situación que fue resuelta tras la intervención de la Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial. Por ello, propuso elevar a rango constitucional dicha instancia y fortalecerla.
Desde el Ejecutivo estatal, representantes de la Secretaría de Bienestar detallaron avances, como el aumento del 60 por ciento en la cobertura del programa Niñez Indígena con Bienestar, que pasó de 10 mil a 16 mil beneficiarios. Además, anunciaron la firma próxima de un convenio con la Universidad Intercultural para impartir clases de lenguas originarias en municipios con presencia indígena. Sin embargo, admitieron que falta traducir el marco jurídico estatal a las cinco lenguas originarias y ampliar la capacitación de servidores públicos en interculturalidad.
Javier Domínguez, de la Dirección General de Legislación, destacó que la reforma sentará las bases para que otras dependencias implementen acciones en educación bilingüe, salud intercultural y protección del patrimonio biocultural.
Las iniciativas en discusión, incluida la presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, coinciden en aspectos como la autonomía presupuestaria de las comunidades, el reconocimiento de la propiedad intelectual colectiva sobre sus conocimientos tradicionales y la obligación del Estado de proveer intérpretes y defensores especializados en derechos indígenas.
No obstante, persisten debates sobre la operación de la consulta previa, con propuestas que van desde realizarla mediante directores de Asuntos Indígenas municipales hasta la organización de foros regionales.
La diputada Nelly Rivera, de Morena, enfatizó que la reforma debe traducirse en mejoras tangibles, como la construcción de escuelas dignas, hospitales con medicina tradicional y empleos que respeten sus saberes, y no solo en simbolismos.
Organizaciones indígenas presentes en el encuentro recordaron que la reforma federal fue producto de 54 foros nacionales con más de 27 mil participantes, incluyendo 14 mil 300 autoridades comunitarias, y demandaron que el proceso en el Estado de México sea igualmente inclusivo.
Luis Manuel Quiñones, del CEDIPIEM, afirmó que se trabajará en un cronograma ajustado a protocolos internacionales, aunque advirtió que “sin voluntad política, ninguna ley cambiará la realidad”. Finalmente, la diputada Leticia Mejía señaló que el verdadero reto será “convertir las palabras en hechos”, a pesar de los plazos vencidos y las demandas pendientes con los pueblos originarios.