La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) llevará ante el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos una nueva demanda para obtener la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la planta de Pirelli Neumáticos en Silao, Guanajuato. Así lo informó Pablo Franco, representante de la Red Internacional de Abogados especializados en derechos sindicales y laborales (ILAW Networkers). En entrevista, Franco explicó que el 20 de junio, el juez Román Jaimes Carbajal convocó una votación para determinar quién debe representar a los trabajadores, pero dejó fuera a la LSOM, la organización con mayor presencia en la planta y promotora de la sindicalización genuina. El abogado acusó que el juez utilizó un padrón de 3,563 empleados, supuestamente inflado con datos proporcionados por la empresa, lo cual calificó como ilegal y una forma de manipulación que favorece a la patronal. La compañía ha mostrado perfiles hostiles a la libertad sindical y a los derechos laborales, y en la votación también participará un sindicato alterno llamado “Carlos Leone”, que, según Franco, no tiene reconocimiento ni afiliaciones verificables en la planta. Este sindicato, conocido como “sindicato blanco”, solo tendrá derecho a participar en la elección que se realizará los días 7 y 8 de julio, una situación que el representante de la LSOM califica como una farsa y un intento de sabotear la lucha por la representación auténtica. Franco precisó que cerca de mil empleados, casi un tercio de la plantilla, ya se han afiliado a la LSOM, y que el sindicato “Carlos Leone” no es más que un membrete al servicio de intereses patronales. La finalidad de estas maniobras es impedir que los trabajadores tengan una representación sindical verdadera, y que se respete el Contrato Ley de la Industria Hulera, que corresponde a la planta. Además, el abogado alertó que la estrategia de los empleadores busca que un sindicato aliado, denominado “Miguel Trujiillo” de la CTM, participe en la votación, contribuyendo a una manipulación del proceso electoral sindical que favorece intereses financieros y no los derechos de los trabajadores.
