El Décimo Juzgado Constitucional de Lima ha recibido una demanda de hábeas corpus que busca obtener un salvoconducto inmediato para Betssy Chávez Chino, ex presidenta del Consejo de Ministros durante la administración del expresidente Pedro Castillo. La medida permitirá que Chávez salga de la embajada de México en Lima y viaje a Estados Unidos, donde tiene otorgado un asilo político.
Según información del Poder Judicial del Perú, la admisión del recurso responde a preocupaciones por posibles amenazas contra la integridad de la sede diplomática y los derechos fundamentales de la exfuncionaria. La demanda se fundamenta en declaraciones del presidente de Perú, José Enrique Jerí Oré, quien habría manifestado públicamente la posibilidad de ingresar forzosamente a la embajada mexicana en Lima para ordenar su captura preventiva. En noviembre de 2025, Jerí afirmó en una entrevista con El Comercio que «si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará».
El documento sostiene que dichas expresiones constituyen una "amenaza real e inminente" que vulnera el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Además, advierte que ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial tienen jurisdicción para ordenar la captura dentro de una misión diplomática extranjera, pues estas instalaciones están protegidas por tratados internacionales.
Entre las principales solicitudes del recurso legal está el reconocimiento de la gravedad de la amenaza contra la embajada y la prohibición de que cualquier autoridad, incluyendo la Presidencia de la República, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, intervengan o ingresen en la legación diplomática mexicana. También se pide que dichas instituciones se abstengan de realizar acciones de captura, inspección o allanamiento en la sede diplomática, garantizando la protección de la seguridad tanto de la embajada como de Chávez.
De acuerdo con la documentación del tribunal limeño, se ha requerido la entrega inmediata de un salvoconducto para que Chávez pueda salir del país, así como medidas para evitar hostigamientos o sanciones contra quienes incumplan las órdenes judiciales, como multas o denuncias penales. Asimismo, ordena notificar de manera urgente al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior y a la Presidencia del Consejo de Ministros para coordinar y supervisar la ejecución de estas medidas.
Desde noviembre de 2025, Chávez permanece en la embajada de México en Lima, tras recibir protección diplomática por un asilo concedido en ese país, mientras espera la emisión del salvoconducto que le permita salir del Perú. La ex primera ministra y ex presidenta del Consejo de Ministros está siendo procesada junto al expresidente Pedro Castillo por su participación en el intento fallido de golpe de Estado de 2022.
Tras la llegada de Chávez a la embajada mexicana, el gobierno de Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con México. El canciller peruano expresó en conferencia de prensa que la noticia fue recibida con sorpresa y pesar, catalogando como "acto inamistoso" la solicitud de Chávez y acusando a México de promover una versión parcializada de los hechos durante el intento de golpe, generando una crisis diplomática en el país.
