La Justicia de Santa Fe condenó a un ex integrante de la Brigada Motorizada a tres años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación especial por su participación en un operativo policial irregular que incluyó robo y falsificación de documentos. El fallo, confirmado tras una condena mediante procedimiento abreviado, revela abusos policiales en un caso ocurrido en diciembre de 2024 en el barrio República de la Sexta.
El incidente inició el 7 de diciembre de ese año, cuando los efectivos B.F. y otros agentes detuvieron a un joven en motocicleta sin identificación ni orden judicial, movilizándose sin autorización y sin existencias de un pedido de captura. Según la Fiscalía, los policías llevaron al joven a un domicilio particular en calle Esmeralda 2000, donde ingresaron por la fuerza, amenazaron y agredieron a las personas presentes, además de apoderarse de dinero y teléfonos celulares.
Posteriormente, tras la fuga del motociclista, los policías ingresaron en viviendas cercanas donde también sustrajeron bienes, incluyendo un sistema de sonido. La resolución judicial, firmada por el juez Lisandro Artacho, se basó en un acuerdo con la Fiscalía en el que el acusado admitió su responsabilidad.
El documento señala que los agentes manipularon evidencia, incluyendo la elaboración de actas policiales falsificadas y la plantación de un revólver calibre 38 en la escena del operativo, con la finalidad de inculpar falsamente al joven. La denuncia también reportó que el detenido fue golpeado y amenazado en la comisaría para obligarlo a entregar la contraseña de su celular con grabaciones del operativo policial.
El fallo judicial condenó a B.F. por delitos como privación ilícita de la libertad, falsedad en documentos públicos, allanamiento sin orden, robo agravado por su condición de funcionario, amenazas, lesiones leves, incumplimiento de deberes y encubrimiento en concurso real, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Este caso se suma a otros hechos policiales en Argentina, como la condena a prisión perpetua de un oficial bonaerense por el homicidio de un adolescente durante un operativo en Miramar en 2021, dentro de una tendencia de procedimientos que evidencian abusos y violaciones a los derechos humanos por parte de agentes de seguridad en diferentes provincias del país.
