¿Alguna vez imaginaste que un miembro de la Policía Federal pudiera estar involucrado en uno de los delitos más abominables en internet? La realidad golpea fuerte en Salta, donde las autoridades han ordenado la prisión preventiva de un agente de 31 años acusado de distribuir material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.
Todo comenzó con un operativo internacional que pone en jaque la explotación infantil en línea. Gracias al sistema internacional ICACCOPS (Internet Crimes Against Children – Child Online Protection System), que rastrea delitos contra menores, se detectó actividad sospechosa desde Salta. Este sistema permitió obtener datos clave: dirección IP, proveedor de internet, fechas, horarios y plataformas utilizadas, además de los archivos que intercambiaba el sospechoso.
Con toda esta evidencia en mano, la Fiscalía de Ciberdelincuencia dirigió la investigación que desembocó en un allanamiento en su domicilio. Allí, los peritos encontraron más de 60,000 archivos — entre imágenes y videos — que contienen abuso sexual infantil. No solo los almacenaba, sino que también los intercambiaba activamente usando redes P2P, lo que agravó aún más su situación legal.
El juez de Garantías 3 del distrito Centro, Antonio Pastrana, decidió mantenerlo en prisión preventiva, argumentando el riesgo de fuga y la posibilidad de que manipulara las pruebas. La fiscal Sofía Cornejo, líder de la investigación, explicó que la conducta trasciende la simple posesión de material ilícito: se trata de un delito de distribución y explotación, agravado por menores de 13 años.
Durante la audiencia, el acusado prefirió guardar silencio. Su defensa solicitó medidas alternativas a la prisión, pero tanto fiscalía como juez rechazaron esa opción, dada la gravedad del delito.
Este operativo forma parte del esfuerzo internacional “Aliados por la Infancia V”, que busca combatir la pornografía infantil y la explotación sexual en línea en múltiples países y provincias.
Aunque el agente tiene funciones administrativas y es de bajo rango, su pertenencia a la Policía Federal generó impacto y preocupación tanto en las instituciones como en la sociedad salteña. Hasta ahora, no hay evidencia que relacione su función específica con los delitos, pero la investigación sigue abierta.
Por lo pronto, las autoridades continúan analizando los dispositivos secuestrados y apuntan a identificar a posibles cómplices o redes implicadas en esta oscura trama digital. La lucha contra este grave delito continúa en Salta, con la esperanza de que la justicia prevalezca y se protejan a los más vulnerables.
