Un jurado popular en Paraná, Entre Ríos, encontró responsables a dos policías por el abuso sexual de dos adolescentes bajo protección del Estado, en una audiencia que concluyó tras seis jornadas de debate en los tribunales locales. La resolución se anunció este sábado, y la audiencia de cesura para determinar las penas se realizará el 20 de febrero. Los condenados son Ezequiel Alejandro García y Samuel Enrique Morel, miembros de la Policía de Entre Ríos, acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de uniformados, en hechos ocurridos en la madrugada del 5 de julio de 2016 en un vagón de tren de la ex Estación de Trenes de Paraná. Las víctimas, de 15 y 13 años, estaban bajo resguardo del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) en la Residencia Mujercitas, después de haberse ausentado por situaciones de violencia intrafamiliar. La denuncia fue presentada tras la hospitalización de una de las adolescentes en el Hospital San Roque, con lesiones compatibles con abuso sexual, y la investigación involucró inicialmente a siete policías. De estos, dos policías fueron sobreseídos y otros tres aceptaron penas condicionales por omisión ante hechos en flagrancia, aunque no participaron directamente en los abusos. La causa centró la atención en García y Morel, quienes en 2020 fueron ligados al caso tras la declaración del juez Alejandro Grippó, dado que una de las víctimas nunca formalizó denuncia contra Morel y afirmó no haber sido víctima de abuso por parte de ese efectivo. El juicio se llevó a cabo con jurado popular, siendo el primero en Entre Ríos en este año, con restricciones de acceso al público para proteger la identidad de las víctimas, en cumplimiento con la legislación sobre delitos sexuales. Estuvieron presentes las fiscales Valeria Vilchez y Fernanda Ruffatti, así como los abogados de la defensa Damián Pettenati, Iván Vernengo y Claudio Berón. La sentencia cierra una investigación que comenzó casi una década atrás, tras testimonios de víctimas, testigos y peritos durante las seis jornadas de debate, bajo la supervisión del juez Alejandro Cánepa. La condena se mantendrá en suspensión hasta la audiencia de penalización, y los condenados permanecen en la Unidad Penal N°1 de Paraná.
