Dos agentes de la División de Tránsito en el departamento de La Paz fueron removidos de sus cargos tras protagonizar un incidente violento durante una intervención. La operación se realizó contra un conductor que trasladaba pasajeros sin permisos, pero la presencia de un ciudadano grabando la escena desató una respuesta agresiva por parte de los oficiales. Según informes oficiales, los policías identificados como el Subinspector Manuel de Jesús Ayala Martínez y el agente Aníbal Otoniel Lúe Escalante agredieron a la persona que grababa, lo que derivó en un forcejeo y lesiones que requirieron su hospitalización. La víctima continúa bajo atención médica y en estado estable.
La Secretaría de Seguridad Pública comunicó que los agentes fueron separados de sus funciones y enfrentan procesos disciplinarios y judiciales por considerar que vulneraron la dignidad del ciudadano y violaron los protocolos institucionales. La institución afirmó en un comunicado que no tolerará conductas que contravengan los derechos humanos ni incumplimientos en las normativas internas.
Este caso refleja la respuesta de la Policía Nacional Civil ante denuncias de excesos en procedimientos operativos. La PNC manifestó que continúa investigando y garantizando el debido proceso para los implicados.
Por otra parte, la legislación salvadoreña contempla sanciones severas por abuso de autoridad. El artículo 327 del código penal tipifica como delito estas acciones, que pueden acarrear penas de prisión que van desde dos años hasta 15 años en casos graves, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Las recientes reformas legales buscan fortalecer la integridad en la administración pública mediante penas más estrictas.
Casos anteriores incluyen la detención en julio de 2025 de dos policías en Usulután, identificados como el sargento Esaú Robles y el cabo Jeremías Trejo, acusados de solicitar pagos ilegales a taxistas a cambio de permisos, lo que fue confirmado por la Fiscalía General de la República (FGR). Además, en 2024 y 2025, se desmanteló una red interna de la PNC dedicada al hurto de autopartes de vehículos oficiales, con seis individuos arrestados en un operativo que aún continúa investigando el destino de los bienes sustraídos.
