¿Alguna vez has visto una escena que te haga cuestionar la autoridad? En Chimalhuacán, Estado de México, habitantes denunciaron un incidente que sorprende por su gravedad y sospechas de abuso de poder.
Todo comenzó cuando un motociclista se detuvo para auxilar a una unidad con falla mecánica en la avenida principal. La situación parecía simple: un apoyo entre vecinos. Pero la calma se rompió rápidamente.
Testigos relatan que ambos motociclistas solo buscaban no obstruir el paso mientras arreglaban su chicote. Sin embargo, agentes de tránsito aseguraron que estaban bloqueando la vía. Y, en lugar de dialogar, la situación escaló rápidamente a una actitud agresiva por parte de los oficiales.
Para sorpresa de los presentes, más de 20 agentes llegaron al lugar tras pedir refuerzos. Lo que siguió fue shockeante: uno de los motociclistas fue golpeado, esposado y trasladado al Juez Cívico. Ahí, le exigieron 7 mil pesos para no presentarlo ante el Ministerio Público, alegando que habría agredido a los oficiales.
Pero la historia no termina allí. Tres horas después, los mismos oficiales retornaron al sitio para asegurar la motocicleta, admitiendo que se les escapó el dinero y las acciones anteriores. Además, pidieron otros 2 mil 500 pesos por concepto de arrastre.
Estas acciones, que parecen más una extorsión que una intervención policial, no son aisladas en Chimalhuacán. Según datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), este municipio acumula más de 150 quejas en un año por detenciones arbitrarias y abusos, representando el 62% de las denuncias por uso excesivo de la fuerza a nivel estatal.
Los afectados exigen que las autoridades estatales y órganos internos de control investiguen a fondo estos hechos. Consideran que se trata de un caso claro de extorsión y abuso de la fuerza, y no dudan en pedir sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. ¿Están protegidos estos oficiales o solo operan bajo un manto de impunidad?
