La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur detuvo a cinco hombres y una mujer policías municipales activos en Los Cabos, acusados de presunta desaparición forzada de personas en Cabo San Lucas.
Las aprehensiones se llevaron a cabo el martes 29 de julio aproximadamente a las 17:00 horas en un domicilio de la colonia Lomas del Sol, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar).
Los oficiales implicados fueron identificados como Alejandra N., de 32 años, originaria de Sinaloa; Ramón N., de 30, de la Ciudad de México; Sergio N., de 23, originario de Chiapas; y Jesús N., José N. y Pedro N., de 33, 26 y 21 años, respectivamente, estos últimos del municipio de Los Cabos.
El caso se inició tras la denuncia por la desaparición de dos jóvenes, Pablo Figueroa Martínez, de 17 años, y Jesús Torres Procopio, de 21, reportada el 26 de junio pasado. Ambos desaparecidos fueron vistos por última vez en Cabo San Lucas, lo que motivó las investigaciones que culminaron con la captura de los policías.
Los detenidos quedaron a disposición del Juez de Control, quien definirá su situación jurídica en los próximos días.
Hasta 2025, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha recibido 270 reportes y ha localizado a 170 personas, en su mayoría con vida. La comisionada Lizeth Collins Collins informó que, desde 1967, en Baja California Sur se han localizado mil 765 personas, quedando pendientes 1,055, principalmente en Los Cabos, La Paz, Comondú, Mulegé y Loreto.
La vigilancia y sanción de los policías municipales en Baja California Sur corresponde a las autoridades locales y órganos como la Unidad de Asuntos Internos, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que intervienen en casos graves de violaciones a derechos humanos.
Según la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, las penas para servidores públicos involucrados en desapariciones forzadas oscilan entre 40 y 60 años de prisión, además de multas que pueden superar los cinco millones de pesos. También se contempla la destitución y la inhabilitación definitiva para cargos públicos.
Las sanciones se agravan si superiores jerárquicos conocieron los hechos sin denunciar o impedir su ocurrencia, y también para quienes oculten información o manipulen evidencias para obstaculizar las investigaciones, con penas que alcanzan los 25 años de cárcel y multas superiores a un millón y medio de pesos.
