Un grupo de policías de la Policía Nacional del Perú fue detenido y enfrentará 18 meses de prisión preventiva por simular operativos antidrogas, secuestrar a empresarios y extorsionar, según informó la Fiscalía. La investigación revela que los agentes realizaron una intervención irregular, con el objetivo de presionar y obtener dinero en efectivo de las víctimas en lugar de combatir el delito.
El fiscal anticorrupción Jorge Mauro García detalló que todo empezó con una intervención simulada, coordinada desde la jefatura de la División de Investigación Criminal en San Martín de Porres, sin orden judicial ni fiscal de turno. El operativo engañoso ocurrió la noche del 20 de noviembre, cuando cámaras de seguridad registraron cómo un grupo de policías salió desde San Martín de Porres en un vehículo y una camioneta blanca de la misma división interceptó un Porsche 911 con un empresario y su acompañante en Lurín.
Durante el secuestro, los agentes, que no estaban identificados oficialmente, usaron armas para intimidar a las víctimas. Junior Chávez, uno de los secuestrados, narró que fueron bajados del vehículo y amenazados con armas, incluso con una más que parecía de la Dirandro, aunque en realidad no pertenecían a esa unidad. La policía también fabricó pruebas en un intento de incriminar a los empresarios, incluso fotografiándose conduciendo el vehículo secuestrado y simulando la presencia de drogas.
El empresario secuestrado logró comunicarse con su hermano, Porfirio Campos, quien acudió para negociar un soborno y entregó más de tres mil soles a los policías, que posteriormente redactaron actas irregulares. La investigación señala que, en lugar de combatir el crimen, los policías usaron la apariencia de autoridad para lucrar con el miedo y extorsionar a los afectados.
Seis agentes, incluido el entonces jefe de la unidad, el coronel Mervin Sánchez Mato, fueron arrestados el 12 de enero. Actualmente enfrentan una medida de prisión preventiva, acusados por secuestro, extorsión, falsificación de documentos y otros delitos. La Fiscalía puntualiza que estos oficiales actuaron más como delincuentes que como funcionarios policiales, y que su verdadera motivación fue obtener dinero a costa del miedo de los ciudadanos.
