¿Alguna vez has enfrentado un corte de agua que puso en riesgo tu salud o economía? No estás solo. Ahora, gracias a una histórica decisión del Congreso, esa situación cambiará radicalmente.
El Congreso de la República aprobó sin votos en contra una norma revolucionaria que redefine cómo se protegen los derechos de los usuarios de agua potable y alcantarillado. ¿El cambio principal? Las empresas prestadoras deberán reembolsar y compensar a los consumidores cuando ocurran interrupciones injustificadas en el servicio.
Esta medida busca cerrar una brecha que durante años dejó vulnerables a millones de hogares, especialmente en casos donde los cortes afectaron su bienestar y estabilidad. La presidenta de la Comisión de Defensa del Consumidor, Katy Ugarte, defendió la iniciativa y explicó que esta herramienta fortalecerá la justicia en la prestación de un servicio tan esencial.
¿Sabías que las pólizas de seguro que financian las empresas no cubrían las interrupciones del servicio? Esto provocaba que los usuarios quedaran en total indefensión, incluso cuando pagaban por un servicio seguro y confiable. La nueva norma corrige esa omisión y se alinea con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, ofreciendo una verdadera protección ante riesgos que afectan la salud y el bienestar de las familias.
Ugarte recordó los casos en Villa María del Triunfo (2012) y en San Juan de Lurigancho (2019 y 2021), donde miles de familias sufrieron daños sin recibir ninguna compensación. Esas experiencias demostraron la urgencia de una respuesta efectiva por parte del Estado.
¿Pero en qué consiste exactamente esta compensación? Si la empresa es responsable del corte injustificado, deberá devolver el dinero correspondiente al período afectado y dar una compensación adicional. Esto no solo cubrirá pérdidas materiales, sino también daños no patrimoniales y el costo de buscar alternativas para acceder al agua.
¿Quieres saber por qué esto es un avance? Porque ahora, inspirado en modelos de otros países y en experiencias en servicios como la electricidad, Perú implementa un mecanismo ágil y justo que evita largos procesos judiciales y garantiza una protección efectiva.
Finalmente, Ugarte destacó que la norma sigue el texto propuesto por el Poder Ejecutivo, asegurando coherencia y mayor transparencia en la gestión de los servicios básicos. Este es un paso firme hacia un Estado más justo, vigilante y comprometido con los derechos de los ciudadanos.
