¿Sabías que en el Estado de México, uno de los delitos con mayor impacto social y económico es la extorsión? De hecho, entre 2019 y 2025, los casos aumentaron un 20.8% en todo el país, y el Estado de México concentra el 57.8% de estos delitos.
Frente a este panorama, la gobernadora Delfina Gómez ha presentado una propuesta audaz al Congreso local: eliminar la figura del delito de extorsión del Código Penal mexiquense. ¿La razón? Adaptarse a la estrategia federal y fortalecer la lucha contra este ilícito.
La iniciativa no solo busca derogar la figura legal, sino también crear un marco integral de acción. Entre sus principales acciones están la creación de un Consejo Estatal de Prevención y Combate a la Extorsión y Delitos Vinculados, un plan estratégico estatal, y la operación de una Fiscalía Central Especializada en la materia.
¿Y qué más contempla esta propuesta? La instalación de inhibidores de llamadas en todos los centros penitenciarios y un Centro de Atención de Denuncias, con el fin de reducir la cifra negra y generar mayor confianza en las instituciones.
Además, la ley propone regular en profundidad las acciones preventivas y de colaboración entre instituciones, obligándolas a actuar con base en principios y directrices del modelo nacional. Se busca así una estrategia conjunta, eficaz y con resultados concretos.
Si la iniciativa se aprueba en los próximos días y entra en vigor, los plazos establecidos son claros: 60 días para crear el consejo, 180 para definir la estrategia estatal, 45 para poner en marcha la Fiscalía y 150 para establecer los procedimientos tecnológicos en los penales. También, 180 días para poner en operación el Centro Estatal de Atención a Denuncias.
¿Será esta la solución definitiva para combatir la extorsión en el Estado de México? La respuesta dependerá de las acciones que sigan y del compromiso institucional para transformar estas propuestas en resultados concretos que protejan a la ciudadanía.
