¿Sabías que en el Estado de México, a pesar de las más de 500 condenas por feminicidio en los últimos cuatro años, todavía hay 49 personas que fueron declaradas inocentes y, en algunos casos, ya salieron libres? Este paradoxal escenario revela una realidad donde la lucha contra la violencia de género enfrenta obstáculos y cuestionamientos.
Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2025, las autoridades judiciales mexiquenses vincularon a proceso a más de 500 adultos y 11 adolescentes por feminicidio. De esas vinculaciones, 498 terminaron en sentencias condenatorias, pero 49 resultaron en absoluciones. Es decir, casi el 9.9% de los acusados fueron liberados por falta de pruebas suficientes, dejando a muchas familias sin justicia completa.
¿Quiénes son esas personas que lograron salir libres? La mayoría son adultos, pero también hay adolescentes procesados con sentencias de tres a cinco años en el Centro de Internamiento para Adolescentes 'Quinta del Bosque'. Esto refleja cómo el sistema judicial trabaja con restricciones particulares para los menores, cuya máxima pena no puede superar los cinco años.
A lo largo de estos años, los tribunales en municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Toluca emitieron más de 548 sentencias, donde 498 fueron condenatorias y 49 absolutorias. Casos en los que, en algunos casos, se había investigado además homicidio doloso o violación, pero sin pruebas suficientes para una sentencia condenatoria.
Pero, ¿qué significa esto en la práctica? La cifra de feminicidios en Edomex lo ubica como la segunda entidad con mayor incidencia en el país, con 51 investigaciones abiertas solo en 2025 —solo por debajo de Sinaloa, con 62.
Un caso reciente impactó a la opinión pública: la vinculación a proceso de José Ignacio 'N' por el feminicidio de Itzel, en Ozumba. La víctima, desaparecida desde el 7 de octubre, fue vista por última vez en Tepetlixpa. La justicia determinó que había suficientes indicios para continuar con el proceso y ordenó su prisión preventiva.
Pero no todo son avances; también hay casos emblemáticos de injusticia. Los tres tíos y el abuelastro de Jimena Sarahí, una menor de 14 años, acusados de feminicidio y condenados a más de 100 años de prisión, fueron liberados en mayo tras una revisión que encontró que no se habían acreditado todos los hechos. La familia de Jimena pide justicia y que regresen a prisión, pues consideran que los responsables deben pagar por lo que hicieron.
Este escenario abre un debate profundo: ¿Qué está fallando en el sistema judicial para que casi una decena de feminicidas queden en libertad? La respuesta también involucra acciones del Poder Judicial del Estado de México, que anunció la creación de módulos judiciales en municipios con alerta de género. Estos puntos de atención buscarán brindar protección y atención jurídica rápida para las víctimas, buscando desde ahí reducir la violencia y garantizar que los responsables no queden impunes.
Además, la Legislatura mexiquense avanza en reformas claves, como eliminar exenciones para quienes encubren a feminicidas dentro del núcleo familiar y hacer imprescriptibles los delitos sexuales contra menores. También proponen que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género, incluyendo casos de homicidio, suicidio o accidentes cuando haya indicios de violencia.
¿Será suficiente todo esto para acabar con la impunidad y proteger a las mujeres en Edomex? La lucha continúa, y la sociedad exige que las instituciones sean más efectivas, transparentes y comprometidas con justicia verdadera.
