¿Sabías que a pesar de los esfuerzos, la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) en Perú no ha tenido un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad? Esto fue lo que afirmó Luis Albújar Velásquez, Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial, durante una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La sesión reunió a organizaciones sociales, empresariales, indígenas y feministas, quienes expresaron su preocupación por el aumento de la criminalidad en el país.
Durante su intervención, Albújar aseguró que la Diviac no fue desarticulada, sino que fue incorporada a la estructura de la Dirección de Investigación Criminal, dado su perfil de investigación de delitos. Sin embargo, al hablar sobre su funcionamiento operativo, manifestó algo que sorprenderá a muchos: "Este no ha sido cuantitativa ni cualitativamente significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana".
¿Pero qué significa eso? En términos simples, aunque la división existe, sus resultados en términos de combate a delitos como el extorsión, el sicariato y otros, son mínimos en comparación con la magnitud del problema. Como ejemplo, entre 2023 y 2025, se investigaron 13,705 casos de extorsión en total, pero la Diviac solo abordó 12 de estos casos.
Este bajo nivel de investigación no implica que el Estado no esté haciendo nada. Al contrario, Albújar explicó que la Policía Nacional del Perú (PNP) distribuye su presupuesto de acuerdo a la ley y las necesidades de seguridad, buscando atender desde delitos menores hasta criminalidad organizada. Añadió que están incrementando recursos específicamente para mejorar la inteligencia, la prevención y la investigación criminal.
Por otra parte, en relación al estado de emergencia, el funcionario lo calificó como una medida constitucional de excepcionalidad, necesaria para enfrentar la creciente ola de criminalidad que intenta desestabilizar el orden interno. Según él, esta medida es urgente y fundamental para restablecer el derecho a la paz social, siempre respetando los derechos fundamentales y los principios de legalidad y uso de la fuerza.
¿Y qué hay del crimen organizado? Albújar reconoció que este fenómeno erosiona la gobernabilidad y afecta vidas, particularmente señalando que organizaciones civiles y transportistas han reportado un incremento en extorsiones, violencia y amenazas que ponen en riesgo su seguridad y su sustento.
El representante del gobierno finalizó diciendo que Perú está intensificando esfuerzos y recursos para prevenir, enfrentar y sancionar estas formas de criminalidad, y que espacios como esta audiencia son clave para escuchar y elaborar respuestas más humanas, efectivas y coordinadas.
¿Será suficiente esta estrategia? Solo el tiempo y los resultados nos darán la respuesta.
