¿Sabías que, de los recursos destinados a la búsqueda de personas desaparecidas en México, solamente el 2.5% se asigna al Estado de México? Esta cifra revela una distribución que favorece a algunas entidades más que a otras, y genera dudas sobre la eficacia de los esfuerzos federales.
La Comisión Nacional de Búsqueda anunció que destinará 646.1 millones de pesos a las comisiones locales en todo el país. Sin embargo, de esa cantidad, solo 16.3 millones (el 2.5%) corresponden al Estado de México, colocándolo en la posición 22 de 32 en distribución de recursos. En contraste, otros estados reciben porcentajes mucho mayores, como Baja California con 32.4 millones o Sinaloa con 34.1 millones, concentrando en ocho estados el 40% de los recursos disponibles.
Pero, ¿qué implica esta distribución? Los lineamientos oficiales establecen un fondo total de cerca de 889 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 646 millones están disponibles para las comisiones locales tras deducir gastos operativos. La distribución se realiza en dos entregas; en abril y septiembre, con fondos específicos asignados a cada estado.
El proceso para acceder a estos recursos requiere que las comisiones presenten solicitudes con propuestas claras de gasto y planes específicos. Solo aquellos proyectos que cumplen los requisitos y demuestran viabilidad recibirán financiamiento, siendo la decisión final inapelable.
El objetivo principal de estos subsidios es fortalecer las capacidades técnicas y operativas de las comisiones locales, destinando aproximadamente 699.5 millones de pesos en total, de los cuales solo 6% se destina a gastos de operación, incluyendo contratación de personal, materiales y servicios.
Por su parte, la Comisión Nacional de Búsqueda y su Colegio de Coordinación (CNBP) gestionarán 189 millones de pesos para mejorar sus acciones de búsqueda. Esto incluye recursos para equipamiento, personal especializado, materiales y operación territorial en las 32 entidades federativas, garantizando fuerza, presencia y coordinación integral.
Pero la realidad es que, ante estas cifras, surge la pregunta: ¿Es suficiente ese porcentaje destinado al Estado de México? ¿Qué impacto tiene en las víctimas y sus familias? La distribución desigual y los montos asignados son temas que requieren ser observados y cuestionados para lograr una política más justa, eficaz y cercana a las necesidades reales de búsqueda en cada rincón del país.
