En Ixtlahuaca, municipio donde autoridades federales y estatales aseguraron dos casas de materiales en el marco del Operativo Liberación, los precios de productos de la construcción y alimentos básicos continúan elevados sin señales de estabilización.
Aunque el operativo fue anunciado como un golpe a las estructuras de narcoimpuestos y extorsiones relacionadas con la venta y distribución de insumos, en las ferreterías locales los costos aún superan las referencias oficiales de Toluca.
Un recorrido realizado por El Sol de Toluca en establecimientos de la zona revela que la tonelada de varilla se cotiza en promedio en 21 mil 900 pesos, con una posible alza de otros 500 pesos en los próximos días. Este precio supera en más del 20 por ciento los 17 mil 937 pesos que se manejan en Toluca.
El cemento en su presentación plus se ofrece en 5 mil 250 pesos, frente a los 4 mil 730 de referencia. Insumos básicos como grava y arena también muestran precios elevados: la grava en 2 mil 700 pesos por camión y la arena azul en 3 mil 300 pesos.
El block tiene un costo de 8 mil 750 pesos por medio millar, casi el doble del precio en Toluca. También, el alambrón y el alambre recocido duplican su valor, situándose en 35 y 38 pesos por kilo, respectivamente, cuando las referencias son de 18 y 21 pesos.
Clavos de distintas pulgadas se venden en 900 pesos por cada 20 kilos, prácticamente el doble del valor de referencia de menos de 620 pesos.
Estos incrementos reflejan que, a pesar de la presencia de fuerzas de seguridad en la zona, el fenómeno de los sobreprecios asociado a extorsiones y control de cadenas de distribución persiste.
El aumento en precios también afecta productos de consumo diario. El pollo entero se vende en promedio en 75 pesos por kilo, mientras que la pechuga alcanza los 120 pesos, tras haber llegado a 150 pesos semanas atrás.
Comerciantes locales advirtieron que los precios podrían subir nuevamente, pues la normalización del suministro aún no es completa.
Un vecino de Ixtlahuaca comentó: 'Todo sigue caro, no vemos que los precios bajen ni en materiales ni en comida. Pensamos que ya iban a bajar, pero al final es igual'.
Además de los altos costos, la percepción de inseguridad sigue presente. Aunque algunas ferreterías cerraron, en otros giros, las redes delictivas permanecen activas. Vecinos, en anonimato, aseguran que solo se suspendieron dos negocios, pero en otros sectores la influencia del crimen organizado sigue vigente.
'La gente tiene miedo de hablar porque todos saben quién cobra y a quién le cobran, por eso, aunque hay patrullas, no sentimos que la situación cambie', señalaron.
El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, admitió que el despliegue de seguridad todavía es insuficiente para lograr la estabilización de precios en las regiones afectadas. Resaltó que, además del sector construcción, es necesario ampliar los operativos a otros ámbitos económicos afectados por prácticas de acaparamiento y extorsión que impactan directamente en las familias.
Uno de esos sectores es el transporte público. En Ixtlahuaca y en el norte del estado, taxistas han denunciado el cobro de una cuota de 500 pesos mensuales para poder operar, bajo presunta influencia de la organización criminal La Familia Michoacana, presente en varios municipios de la zona.
El método de comparación de precios utilizado por esta casa editorial coincide con el aplicado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para identificar municipios con sobreprecios injustificados y abrir investigaciones.
A partir de esas mediciones, se detectaron distorsiones en materiales de construcción, alimentos y transporte. Estas irregularidades, sumadas a denuncias ciudadanas, fueron el fundamento para el inicio del Operativo Liberación en 14 localidades del sur y norte del estado, incluyendo a Ixtlahuaca.
El despliegue, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía, busca detener el cobro de narcoimpuestos en la región.
No obstante, los datos en Ixtlahuaca muestran que, hasta ahora, el impacto del operativo no es perceptible para consumidores ni constructores, quienes enfrentan precios inflados y un ambiente de temor en sus comunidades.
