La Ley Silla, aprobada recientemente a nivel nacional, busca garantizar descansos adecuados durante la jornada laboral; sin embargo, empresarios del Valle de Toluca expresaron que la normativa carece de directrices claras, lo que podría facilitar prácticas de corrupción. Fernando Reyes Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca (CANACO SERVYTUR), destacó la importancia de conocer los criterios de las autoridades para que la ley contribuya a espacios laborales más saludables y productivos.
En la sesión de CANACO realizada en Toluca, los empresarios coincidieron en que se necesitan guías precisas para entender los protocolos y obligaciones. Reyes Muñoz afirmó que lo que preocupa no es solo el incumplimiento, sino la falta de descripciones específicas en la ley, lo que puede facilitar actos de corrupción.
Es importante señalar que, según el gobierno federal, la Ley Silla es obligatoria para todas las empresas del sector privado, incluyendo supermercados, farmacias, tiendas de conveniencia, call centers, hoteles y restaurantes. La normatividad establece que los empleadores deben proporcionar sillas con respaldo, un área y tiempo destinados a descanso, aunque no especifica la duración exacta del descanso, las características de los asientos o el tamaño del espacio.
Omar Mañón Juárez, representante de la Dirección General de Inspección Laboral, explicó que el tiempo de descanso será negociado entre trabajador y empleador. Sin embargo, advirtió que muchas micro y pequeñas empresas no cuentan con las condiciones necesarias y deberán invertir en equipamiento, lo cual puede generar costos adicionales.
El funcionario resaltó que la interacción continua entre trabajadores y empleadores facilitará el ajuste y la aplicación efectiva de la ley. Además, pidió a las empresas no alarmarse por las inspecciones programadas en los próximos meses, ya que estas buscan corregir posibles errores y mejorar el cumplimiento.
La ley entró en vigor el 17 de junio pasado, y un mes después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó las normas relacionadas con riesgos laborales. Las empresas tienen hasta el 14 de diciembre de 2025 para realizar las adecuaciones pertinentes.
Durante el encuentro, los afiliados a CANACO solicitaron mayor apoyo y presentaron propuestas para fortalecer el ámbito laboral tanto en la región como a nivel nacional. También pidieron que la implementación de la Ley Silla sea unificada a nivel federal y estatal, para reducir confusiones y mejorar la comunicación y coordinación.
Según información de la Cámara de Diputados, las empresas que incumplan con la normativa podrían enfrentarse a multas que oscilan entre 250 y 2,500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). En casos de reincidencia, se contemplan suspensiones temporales de actividades. Además, los trabajadores podrán denunciar irregularidades de forma anónima ante la STPS o la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET).
