El entorno político en Colombia se intensificó tras la Fiscalía General de la Nación anunciar la imputación de cargos contra Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y por tráfico de influencias. La noticia ha provocado que diversos sectores políticos exijan su renuncia inmediata, en medio de un escándalo que también involucra la adquisición de un apartamento en Bogotá y manejos de recursos electorales.
En el Congreso, la decisión de la Fiscalía generó un marcado debate. Juan Espinal, representante del Centro Democrático, afirmó que Roa debería dimitir de inmediato si tiene un mínimo de dignidad y expresó su esperanza de que las investigaciones culminen en sanciones penales. Por su parte, Jennifer Pedraza, de bancada independiente, cuestionó la coherencia del gobierno frente a escándalos de corrupción, señalando que altos funcionarios parecen quedar impunes a pesar de las acusaciones.
El escenario se agravó con la imputación formal del fiscal Raúl González contra Roa por los delitos de financiación irregular y tráfico de influencias relacionadas con la compra de un apartamento, que supuestamente involucró al coronel retirado Juan Guillermo Mancera y a una empresa con limitada experiencia en el sector petrolero. La fiscalía sostiene que Roa superó los límites legales en la captación de recursos para la campaña de Petro, lo que podría acarrear penas de 4 a 8 años de prisión.
Este escándalo se suma a una sanción administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE), que en noviembre multó la campaña de Petro con más de 6 mil millones de pesos por exceso en el tope de financiamiento, en un caso que también involucra a Roa.
Ricardo Roa, considerado uno de los allegados más cercanos a Gustavo Petro, ha recibido el apoyo del presidente, quien ha manifestado su respaldo público, así como de la junta directiva de Ecopetrol, donde el Estado controla el 88.49% de las acciones. Roa ha rechazado las acusaciones, defendiendo la legalidad de sus acciones y afirmando que las campañas de desprestigio contra él son infundadas.
El empresario Serafino Iacono, exdirectivo de Pacific Rubiales, también negó irregularidades en la venta del apartamento y afirmó que se cumplieron todos los requisitos legales. A pesar de la presión, Roa aseguró en 2025 que no ha cometido ilegalidad alguna y que no puede adjudicarse contratos de esa magnitud sin autorización.
El caso continúa generando controversia en el país, con una fuerte exigencia social para que Roa asuma responsabilidades y deje su cargo en Ecopetrol, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones que podrían tener repercusiones penales para el funcionario.
