El procurador general interino, Eduardo Casal, señaló que el principal impedimento para la entrada en vigor del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py es la falta de recursos. Durante una entrevista en Radio Mitre con Eduardo Feinmann, Casal afirmó que no hay objeciones internas en el Ministerio Público Fiscal contra el cambio, que ya ha sido implementado en la mitad del país con éxito y entusiasmo.
Casal explicó que el sistema acusatorio representa un cambio de paradigma en las funciones del organismo, pues pasa de ser mero acusador a ser el titular de la acción penal y de la investigación, demandando una estructura organizacional más flexible y especializada. Sin embargo, advirtió que esta transformación requiere mayor infraestructura y recursos, además de una organización dinámica por unidades fiscales con distribuciones específicas según la complejidad de los casos.
Sobre la posible postergación en Comodoro Py, Casal indicó que, si bien por ahora existe una resolución que prevé su implementación, esta podría modificarse dependiendo de la disponibilidad de recursos. Reconoció además que la implementación progresiva en distintas jurisdicciones busca adaptar las capacidades de cada una al sistema.
El procurador también abordó las dificultades en la designación de fiscales, destacando que estas problemáticas no son recientes, y que en su gestión se han realizado solo nueve nombramientos en total, situación que no solo afecta a la justicia federal, sino también al Poder Judicial y a la Defensoría Pública. Casal aclaró que, si bien las vacantes no detienen completamente la justicia, sí representan un desafío que debe resolverse con decisiones políticas.
Sobre su gestión, Casal resaltó los cambios impulsados durante sus ocho años en el cargo, incluyendo la digitalización del sistema y la adaptación a la pandemia. También defendió el proceso de aprobación del procurador general por acuerdo del Senado, defendiendo la necesidad de un consenso amplio para preservar la independencia y autonomía del organismo.
Finalmente, Casal enfatizó que el Poder Judicial no es un servicio, sino un poder que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos, funcionando como una barrera contra posibles abusos del poder político. Subrayó que la Constitución mexicana está diseñada para mantener un sistema de frenos, controles y contrapesos que garantizan la protección de los derechos fundamentales y la estabilidad institucional.
