La Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra la gerente general de la Central de Transportes Estación Cúcuta, Belkys Alejandra Forero Gélvez, y la subdirectora de Transporte Público de Cúcuta, Kelly Tatiana Reyes Montalvo, por su presunta implicación en actividades políticas. La investigación, informada por la Procuraduría Regional de Norte de Santander, apunta a determinar si ambas funcionarias organizaron y participaron en una reunión de carácter político el pasado 23 de septiembre en las instalaciones de la terminal de transporte de la ciudad.
El organismo de control explicó en su comunicado que el objetivo es verificar la veracidad de los hechos denunciados y evaluar si constituyen una falta disciplinaria, conforme a la normativa vigente. La investigación busca también establecer si las implicadas actuaron en el ejercicio de sus funciones bajo alguna causal de responsabilidad, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar.
Según la Procuraduría, la reunión presuntamente tuvo lugar en la Central de Transportes Estación Cúcuta, donde se habría llevado a cabo la actividad política. Las funcionarias señaladas son las principales investigadas en este proceso disciplinario, que aún no ha generado decisiones o resultados preliminares respecto a su responsabilidad.
La institución precisó que, tras la recolección de pruebas y testimonios, determinará si proceden etapas posteriores o si la investigación debe ser archivada. La Procuraduría también calificó la posible falta del exalcalde Cesar Armando Lozada Durán como grave y la del exasesor de Planeación Efraín Andrés Ríos Calderón como gravísima, en una investigación relacionada con irregularidades contractuales en Matanza, Santander.
En este caso, Ríos Calderón, quien actuó como supervisor, habría certificado la satisfacción en la recepción de una obra para mejorar redes de captación del sistema de acueducto, pese a que las labores no estarían ejecutándose correctamente. La Procuraduría busca esclarecer si el exalcalde omitió remitir a la autoridad fiscal el decreto que declaró la calamidad pública, junto con el contrato y demás antecedentes, relacionados con una obra suscrita en 2022, en un proceso que también está en fase de indagación.
