La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) de Costa Rica presentó una denuncia penal contra Luis Diego Miranda Méndez, alcalde de San José, por presunto peculado de servicios, tras detectar irregularidades en el uso de recursos públicos. La denuncia, formalizada ante el Ministerio Público, señala que el alcalde utilizó abogados municipales pagados con fondos públicos para defenderse en un proceso en su contra y que, en noviembre de 2024, otorgó poderes especiales a estos abogados para asesorarlo en audiencias virtuales relacionadas con una investigación de la propia PEP.
Además, un informe técnico, identificado como PEP-INF-25-2024, revela que el informe permaneció sin discutirse en el Concejo Municipal de San José durante más de un año y dos meses, hasta que el 9 de enero de 2026, regidores denunciaron que dicho documento fue retenido y no presentado a la consideración del órgano legislativo. La presidencia del Concejo aclaró que se trató de un "error material" y negó intencionalidad para ocultar información.
La investigación también acusa a Miranda de desviar recursos municipales para asuntos personales, cuando empleó abogados del Ayuntamiento para participar en una audiencia virtual en una causa vinculada a la misma PEP. En ese contexto, el subdirector de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Marvin Daniel Torres Labardini, presentó denuncias formales ante la Contraloría General de la República, la Auditoría Interna Municipal y la propia PEP, denunciando conductas irregulares y de incumplimiento ético por parte del alcalde.
Las tensiones escalaron cuando Miranda cuestionó públicamente a Torres en la sesión del 14 de enero, acusándolo de no tener obligación de asesorarlo previamente y calificándolo de "carebarro" en medio de acusaciones sobre el uso indebido de recursos públicos y acciones para perjudicar al pueblo. En sus declaraciones, Miranda afirmó que quienes denuncian irregularidades buscan aprovecharse del poder para desprestigiarlos y añadió que estas acciones podrían exponer a Torres y a su familia a riesgos y amenazas.
Torres denunció que las declaraciones del alcalde no solo afectan su integridad, sino que también socavan el deber de probidad de los funcionarios públicos. En documentos presentados, Torres aseveró que el comportamiento de Miranda busca amedrentar a quienes ejercen su facultad de denunciar irregularidades y calificó sus acciones como similares a conductas de delincuentes de cuello blanco.
La causa por peculado de servicios continúa en investigación en el Ministerio Público, mientras la Municipalidad de San José y el Concejo enfrentan presiones para responder a las denuncias y a los informes de la PEP y la Contraloría. Infobae solicitó declaraciones a la Municipalidad de San José, pero aún no las ha recibido.
