La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) informó que en lo que va de 2025 se han presentado denuncias por operaciones simuladas o facturas falsas que suman 5,600 millones de pesos, evidenciando la persistencia de este esquema de fraude fiscal en México.
Grisel Galeano García, titular de la PFF, señaló que, a pesar de las reformas recientes y los mecanismos de fiscalización, las empresas factureras continúan operando, por lo que es necesaria una estrategia más sólida para combatir la defraudación.
Durante una reunión con la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Galeano García resaltó que las facturas falsas han sido durante años una maquinaria de engaño que desvió miles de millones que debían destinarse a educación, salud, infraestructura y recursos para las entidades federativas.
De acuerdo con cifras de la PFF, entre 2022 y 2025 se presentaron 59 denuncias que incluyen más de 54 mil millones de pesos en montos desviados. En 2022, el daño al erario ascendió a 17 mil millones de pesos; en 2023, a 21 mil millones, y en 2024, descendió a 10 mil millones.
Galeano García subrayó que estos montos representan presupuestos completos de algunos estados y recursos destinados a hospitales, carreteras, universidades y becas. Por ello, propuso fortalecer el marco jurídico mediante una reforma al Código Fiscal, no para aumentar la recaudación, sino para dotar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la PFF de herramientas más efectivas para cerrar los espacios a las operaciones simuladas.
Entre las medidas planteadas están la negación de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) a empresas vinculadas con redes fraudulentas, la suspensión de la facturación apócrifa, la ampliación de restricciones a sellos digitales, visitas domiciliarias más eficaces y la obligación de reparar el daño al erario.
“No buscamos endurecer sanciones por mera penalización, sino garantizar que la Hacienda Pública no sea saqueada mediante estas prácticas”, afirmó Galeano García.
Asimismo, destacó que la PFF ha presentado más de 100 querellas por un daño económico superior a 16 mil millones de pesos relacionados con delitos en hidrocarburos, en una estrategia para combatir la comercialización ilícita de combustibles.
“Defender la hacienda pública también significa proteger la soberanía energética y la seguridad nacional. Ya no habrá espacio para la simulación fiscal ni para la impunidad en México. Cada contribución contribuye a construir carreteras, hospitales, becas y seguridad”, concluyó la funcionaria.
Por su parte, María del Carmen Bonilla, subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), afirmó que México vive un momento clave para impulsar la inversión privada, gracias a un entorno de confianza, sólidos fundamentos macroeconómicos y proyectos atractivos para inversionistas nacionales y extranjeros.
Destacó que el gobierno mantiene un diálogo constante con el sector privado y trabaja en fortalecer mecanismos de coordinación para garantizar que las inversiones contribuyan de manera ordenada, transparente y eficiente a los objetivos del Plan México. Entre las acciones, se incluyen programas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas mediante esquemas de financiamiento y garantías.
Bonilla también subrayó que se trabaja en un sistema financiero más inclusivo y sostenible, promoviendo el acceso al crédito, la protección a usuarios, la innovación y la digitalización, con perspectiva de género y educación financiera.
Finalmente, reiteró que México cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos, como inflación controlada, finanzas públicas responsables, reservas internacionales fuertes y un tipo de cambio estable. El gobierno continúa promoviendo inversión, infraestructura y una economía más incluyente, lo que ayuda a evitar escenarios de recesión y promover un crecimiento con bienestar para todos.
