Senadores del Estado de México presentaron una iniciativa para fortalecer las sanciones contra la falsificación, manipulación y fabricación de pruebas en procesos judiciales, debido a la existencia de vacíos legales que favorecen la impunidad, incluso cuando estos delitos los cometen servidores públicos del sistema de justicia.
La propuesta, impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario de Morena, destaca que la legitimidad de la administración de justicia se ve vulnerada cuando se viola el debido proceso mediante la introducción de pruebas falsas o alteradas, afectando seriamente el desarrollo de los juicios.
Actualmente, aunque el Código Penal contempla delitos relacionados con la falsedad documental, no existe una figura autónoma y específica que penalice claramente la falsificación de pruebas en los procesos penales, ni se consideraba una agravante cuando los responsables son ministerios públicos, jueces, policías de investigación o defensores públicos.
Por ello, la iniciativa propone reformar el artículo 353 del Código Penal del Estado de México, diferenciando las conductas activas y omisivas que afectan los procesos judiciales. La redacción actual criminaliza la introducción, manipulación, falsificación, alteración o simulación de pruebas, así como las omisiones que beneficien indebidamente a alguna parte o entorpezcan la justicia de manera maliciosa. Las sanciones propuestas incluyen penas de tres a ocho años de prisión, multas de 100 a 500 días, además de la destitución e inhabilitación de los servidores públicos responsables.
Un aspecto destacado de la iniciativa es que, en casos donde la falsificación conduzca a una sentencia condenatoria contra una persona inocente, la pena se duplicará, subrayando la gravedad de este daño irreparable.
El objetivo central de la reforma es garantizar el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad, ofrecer mayor certeza jurídica y blindar al sistema judicial contra actos de corrupción. Además, si la conducta es cometida por defensores públicos, la sanción podrá incrementarse hasta en un 50%, reconociendo su responsabilidad de garantizar una defensa adecuada.
En el ámbito administrativo, la propuesta también contempla modificar el artículo 58 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para tipificar como falta grave la falsificación, alteración o simulación de pruebas realizadas por servidores públicos durante procedimientos judiciales, pudiendo sancionarse con suspensión, destitución o inhabilitación, incluso si no existe una persecución penal.
La iniciativa será enviada a las comisiones legislativas pertinentes para su análisis y dictamen, buscando fortalecer la integridad del sistema de justicia estatal.
