El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de México presentó un punto de acuerdo dirigido a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para crear una Comisión Especial que supervise la autorización y aplicación del incremento en la tarifa del transporte público, que podría aumentar cuatro pesos. La diputada Ruth Salinas Reyes, quien propuso la iniciativa, advirtió que el aumento propuesto por algunas agrupaciones de transportistas, que elevaría la tarifa mínima de 12 a 16 pesos, representa un golpe directo al bolsillo de millones de mexiquenses. Recordó que el último incremento autorizado fue el 19 de diciembre de 2019, y desde entonces, la calidad del servicio no ha mejorado. Aunque los concesionarios justifican que el incremento busca cubrir mayores costos de operación, la legisladora aclaró que el Código Administrativo del Estado de México exige que cualquier ajuste tarifario garantice una prestación satisfactoria y responda a necesidades públicas, lo cual no se cumple actualmente. Entre las deficiencias del servicio, se mencionan malas condiciones en las unidades, falta de higiene, inseguridad, acoso sexual y accidentes viales ocasionados por operadores. Salinas Reyes afirmó que en el Estado de México se paga una de las tarifas más altas del país por un servicio deficiente e inseguro, y que los llamados "tarifazos" no abordan el problema estructural de movilidad en la región. La diputada recordó que el Congreso ha recibido diversas propuestas para regular tarifas, ofrecer subsidios a grupos vulnerables y avanzar en una reforma integral en movilidad, que incluya mejoras en la flota, mayor seguridad, tarifas justas, regularización de horarios y uso de tecnología. La propuesta de crear una Comisión Especial busca asegurar la transparencia, el diálogo y el seguimiento cuidadoso del proceso de revisión del incremento tarifario, un asunto de gran impacto social. "En la Bancada Naranja estamos convencidos de que la movilidad debe ser un derecho garantizado, con calidad, seguridad y tarifas accesibles, no un negocio que recaiga en la ciudadanía", concluyó la legisladora.
