La diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, en representación del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para reformar el artículo 204 del Código Penal estatal de Michoacán. La propuesta busca elevar las penas de 15 a 22 años de prisión para quienes obliguen, induzcan o faciliten matrimonios forzados en menores de edad.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, Álvarez Villavicencio argumentó que la legislación actual presenta ambigüedades que dificultan su aplicación efectiva, permitiendo que delitos que vulneran la dignidad y las oportunidades de las infancias sigan ocurriendo en la entidad.
La iniciativa amplía la tipificación penal para incluir no solo matrimonios formales, sino también el concubinato, relaciones de cohabitación forzada y cualquier relación de hecho que implique la convivencia de un menor con otra persona, ya sea adulto o menor. Además, propone agravantes en casos donde el delito se cometa con violencia o en casos que involucren a menores con discapacidad o pertenecientes a comunidades indígenas o afromexicanas, incrementando las penas hasta en un 50 por ciento.
De acuerdo con datos citados en la propuesta, México ocupa el segundo lugar en Latinoamérica en matrimonios infantiles, principalmente en zonas rurales e indígenas, como la comunidad mazahua en el Estado de México. El Consejo Nacional de Población (CONAPO) indica que el 8 por ciento de las mujeres que hablan lenguas indígenas contrajeron matrimonio antes de los 15 años, muchas veces por acuerdos familiares o costumbres tradicionales.
Actualmente, las sanciones por establecer relaciones de hecho sin fines de lucro o a cambio de pago, incluso por acuerdo de los padres o tutores, son de dos a cuatro años de prisión y multas de 500 a dos mil días de salario. La propuesta busca elevar estas penas y multas.
Álvarez Villavicencio resaltó que la reforma busca alinear la legislación local con estándares internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que prohíben estas prácticas.
“El Estado tiene la obligación de proteger a las niñas y adolescentes, garantizando su derecho a una vida libre de violencia y a decidir sobre su futuro”, afirmó.
La iniciativa fue enviada a comisiones para su análisis y también contempla multas económicas de hasta 4 mil días de salario mínimo, dejando claro que ninguna creencia religiosa o costumbre podrá justificar estos actos.
